Reforma manoseada

Tan pronto como fue radicada la reforma tributaria del nuevo gobierno las elites desplegaron todo su arsenal mediático y, por supuesto, su influencia en las altas esferas del legislativo, para presionar al Gobierno a ceder en varios puntos que tocaban sus intereses. 

Primero fue el impuesto a las pensiones altas, que si bien no representaba el mayor volumen de los recursos que se esperan recaudar, sí era un símbolo para señalar que en Colombia sí es posible hacer lo de la pirinola: “todos ponen”. Pues la posibilidad de que las pensiones que superaran los 10 millones mensuales se extinguió y ahora solo se cobrara el impuesto de renta a pensiones a partir de 68 millones, esto con el agravante que la mayoría de pensiones onerosas del país son subsidiadas y muchas fueron obtenidas bajo regímenes abominables que existieron en el pasado y hoy cuestan una millonada.

Luego cayó el impuesto de renta para las iglesias propuesto en la reforma tributaria. Como si la fe no hablara de justicia y hermandad, lograron que el Gobierno también cediera en el cobro de este tributo. Pese a que son captadoras de voluminosos ingresos, en muchos municipios (no sé si en todos), las iglesias también gozan del privilegio de ser excluidas del pago del impuesto predial y hasta otras exenciones. Queda entonces por fuera del radar tributario esta actividad, en muchos casos tan lucrativa.

Ahora van por los nuevos tributos que se proponen para la actividad extractiva, que pretenden eliminar las gabelas que han producido que el Estado colombiano participe de forma penosa en la renta minera: que la industria extractiva no pueda descontar del impuesto de renta lo pagado por regalías y que se establezca una sobretasa en el sector minero energético y de hidrocarburos, que hoy está gozando de exportar productos con el dólar por las nubes. 

Solo pasa en Colombia: las regalías que pagan por explotar los recursos naturales propiedad de la nación, en otras palabras, el pago por el producto que extraen (oro, carbón, petróleo), lo descuentan del impuesto de renta que lo tienen que pagar todas las empresas por las ganancias que arroja su actividad económica. Tampoco les gusta la sobretasa que, a propósito, en muchos países petroleros y mineros funciona, y que consiste en que en periodos de auge de precios la nación pueda participar de forma más activa de las ganancias de la industria extractiva: si los costos permanecen relativamente estables, pero por la altísima tasa de cambio cada barril de petróleo se está vendiendo en más de 450 mil pesos colombianos, lo justo es que el Estado percibiera mayores ganancias.