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Queda difícil entender que en el caso contra Nicolas Petro hayan sido tan eficientes para poner bajo custodia a los implicados, pero que en otros sonados casos, en los que los comprometidos hacían parte del círculo de Uribe o lo involucraban a él mismo, pareciera que no hubiera tanta urgencia para avanzar en los procesos o, peor aún, pareciera querer favorecer a los señalados para evitar cualquier condena en su contra.
En el caso de soborno y manipulación de testigos que le siguen a Álvaro Uribe y al “Aboganster” Diego Cadena, la Fiscalía, léase bien: el mismo ente acusador, ha pedido en dos oportunidades que se precluya el caso, contrario piensa la jueza que lleva el mismo cuando manifiesta que lo mantiene abierto porque “Sí existen elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permiten afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno en actuación penal sí ocurrió y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”.
El caso de los doce apóstoles, donde es señalado el hermano del expresidente de ser partícipe de la conformación de ese grupo paramilitar que tiene a cuestas cientos de asesinatos, pese al santiamén de pruebas y después de 26 años aún no existe un fallo, en este caso no porque la Fiscalía haya pedido preclusión, sino porque el juzgado después de 2 años de la finalización de las audiencias “no ha tenido tiempo suficiente” para determinar el veredicto.
En el caso de los hijos de Uribe, señalados de haberse beneficiado de una decisión del entonces subalterno de su padre, el director de la DIAN, que declaró una zona franca en el municipio de Mosquera donde ellos tenían predios que habían adquirido por una módica suma apenas dos años atrás y que por supuesto multiplicó su patrimonio por miles, tampoco hubo determinación alguna frente a ese presunta violación a la moralidad administrativa.
Casos más recientes como el del exembajador del gobierno Duque al que le encontraron una finca cocalera en Guasca, prueban que la Fiscalía no actúa con la misma velocidad en todos los casos. Después de 2 años y medio de que estalló el escándalo, hoy el único capturado es el mayordomo, quien ha insistido que el dueño de la finca -el exembajador- sabía de las actividades que allí se realizaban, pero a este último solo lo están procesando por “ocultamiento de pruebas” y ahí van llevando el caso sin mayores premuras.
A la Fiscalía le asiste el deber de investigar y avanzar en el caso de Nicolas Petro para esclarecer todo lo ocurrido. Sin embargo, que no se note que en este caso le corre un afán desbordado mientras que en otros simplemente deja pasar el tiempo mirando para otro lado.
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