Hay suficientes razones para entender que en el Tolima las cosas deben cambiar. Tal como ocurrió en la última elección presidencial, en la que la ciudadanía entendió que debía llegar un gobierno distinto a los que habían ejercido el poder durante las últimas décadas, porque la práctica recurrente de las mismas políticas públicas disfuncionales habían generado inmensos problemas sociales y económicos, así mismo debe entenderse la próxima elección regional.
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El problema no solo tiene que ver con la ética pública, seriamente comprometida por el manejo indolente de los recursos del departamento. Solo en el año 2022 le sonsacaron al presupuesto de inversión más de 130 mil millones entre las entidades que controla la hegemonía barretista, que podrían haber sido invertidos en vías, acueductos o internet para zonas rurales, pero prefirieron gastarlos en contratar miles de personas que, en buena medida, aportan poco o nada a la gestión de esas entidades, a muchos solo se les ve cuando van a cobrar, dicen los mismos funcionarios.
No, no solo es eso. El asunto de fondo es que pese a ser un departamento con inmenso potencial agrícola, ubicado estratégicamente en el centro del triángulo de oro de la economía colombiana y a pocas horas de la capital del país, hoy acumula enormes desigualdades y restricciones para un desarrollo sostenido.
Mas de 30 municipios no toman agua potable. A una cuarta parte de los municipios hay que llegar por vías secundarias en deplorable estado. La inmensa mayoría de las vias terciarias no tiene si quiera mantenimiento rutinario y mucho menos infraestructura en placa huella. No se desarrollan masivamente programas de fomento y fortalecimiento de los renglones productivos que podrían detonar la agroindustria. No se conoce en las últimas décadas ni un solo programa de acceso a vivienda de interés social apoyado desde el gobierno departamental. El acceso a la educación superior sigue siendo restringido y los hospitales de segundo nivel en lugar de estar al servicio de la prevención de la enfermedad, se han convertido en fortines burocráticos.
Eso ha generado una tremenda crisis social y económica. El Tolima es el segundo departamento con mas desempleo, la juventud es la principal damnificada. Cuatro de cada diez tolimenses se encuentra en condición de pobreza, la miseria y el hambre acosan a cientos de miles de tolimenses.
Quienes han propiciado y profundizado los problemas sociales del departamento, hoy no deberían presentarse como los salvadores que pueden resolver lo que en casi una década no han logrado. Es necesario un cambio de rumbo. La ciudadanía debe entender que si continúan las mismas prácticas administrativas y políticas que nos han llevado al caos, solamente se acentuarían y acumularían más problemas.
Hay que apelar a la conciencia colectiva, al entendimiento y la reflexión crítica. Pasar del inconformismo individual que solo se manifiesta en redes sociales a la acción colectiva representada en el poder del activismo y el voto popular, que es lo único que puede lograr instaurar un gobierno distinto que centre como prioridad no ganar la siguiente elección sino implementar un verdadero plan para reactivar la economía, el trabajo y el progreso del Tolima
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