Rescatar a nuestros campesinos

César Picón

En un recorrido por el corregimiento de San Juan de la China de Ibagué, pude comprobar que todos los logros sociales que alcanzamos en el anterior gobierno de la ciudad fueron destruidos en estos recientes 4 años. Cerraron el puesto de salud que se había dejado dotado y en funcionamiento para que atendiera de manera prioritaria a la población y prestara el servicio de medicina preventiva. Cerraron la escuela en Aures, una de las veredas del corregimiento. Tiraron al olvido las vías de todas sus veredas (así como todas las vías terciarias de la ciudad), apenas estos días mandaron a “raspar” (como coloquialmente se le llama) la vía principal porque están haciendo campaña por esos lados, dicho por los mismos campesinos. No hay ninguna obra de infraestructura vial, ni mejoramientos de vivienda ni de infraestructura de servicios públicos, ni siquiera proyectos productivos integrales que le permita a las familias campesinas superar el estado de pobreza monetaria en el que vive la mayoría. Todo lo acabaron, un poder de destrucción incalculable.
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El próximo alcalde y el próximo gobernador deben rescatar del olvido a los campesinos de Ibagué. La política del modelo de atención integral territorial en salud debe regresar a la zona rural, no podemos permitir que campesinos que viven a 2 y 3 horas del hospital más cercano no tengan siquiera una enfermera o un médico que pueda salvar su vida en caso de algún accidente o complicación de salud, que los niños puedan tener vacunas y los viejos control de sus signos vitales, es una cuestión de vida. 

Las obras comunitarias deben retornar. Un kilómetro de placa huella tipo Invias que construíamos en la administración anterior en conjunto con los campesinos (el municipio aportaba materiales y ellos la mano de obra) nos costaba 300 millones, hoy el gobierno departamental prefiere contratar empresas constructoras y cada kilómetro lo paga a más de 2.400 millones de pesos. El gobierno de Ibagué ni lo uno ni lo otro. Bajo el mismo modelo construíamos alcantarillas, centros de acopio y extendíamos decenas de kilómetros de redes de tubería para que el agua llegara a cientos de familias campesinas que, aunque suene increíble, hasta entonces debían cargar el agua desde la quebrada más cercana en canecas, como en las épocas bíblicas.

“Así sea un solo estudiante, ninguna escuela se cierra en mi gobierno”, juraba Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo cumplió. Nada tiene mayor costo social que condenar a uno o más niños y jóvenes a no poder estudiar en su territorio, expone a las familias a una cruel decisión: que se olviden de estudiar o que se aparten de su entorno protector para poder educarse, eso no puede permitirse en una sociedad que entiende que solo la educación puede ayudar a superar las terribles condiciones de desigualdad y pobreza de millones de familias.

Los próximos gobernantes también tienen la inmensa responsabilidad de complementar el esfuerzo del gobierno nacional en términos de la reforma agraria. Habrá tierra para los campesinos (venciendo los intentos por frenarlo), pero se deben garantizar los medios para cultivar y transformar la producción, el Banco Agrario tiene lista la política de créditos, los gobiernos territoriales deben acompañar la estructuración de los proyectos agroindustriales y fomentar los mejores canales de comercialización.

Si comemos gracias a los campesinos, ¿no es justo invertir en su progreso?

César Picón

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