El Estado social de derecho que consagra para Colombia la Constitución de 1991 no es más que un principio retórico o decorativo, porque en la realidad no opera y cada día se tiene la comprobación del vacío institucional existente con respecto a las garantías que debieran prevalecer en la protección de la vida y el cumplimiento de los derechos reconocidos a todos los habitantes de la Nación. La omisión oficial a ese respecto es inocultable, así desde el alto gobierno la propaganda busque maquillar los hechos con versiones que no resisten la prueba de la verdad.

La muerte del dirigente liberal Horacio Serpa Uribe es una lamentable pérdida para Colombia, por todo cuanto él representó en la nación. Fue un líder excepcional por su conducta ceñida a la decencia en los actos de su vida. No tuvo complicidades con trampas ni maniobras encaminadas a indebidos aprovechamientos desde el poder.

La insistencia en advertir prácticas autoritarias en el gobierno de Colombia no es ninguna obsesión de quienes están en la orilla de la oposición política. Muchos de los actos oficiales lo confirman.

Como no se tenía, ni se tiene todavía, una vacuna definitiva que pueda parar la pandemia del Covid-19, para este mal planetario no hay barrera. Solamente los protocolos de bioseguridad obran como paliativos contra el contagio. Y nadie es responsable de esa desgracia letal. Están exonerados de culpa los gobiernos y las entidades que intervienen en el manejo de las comunidades en diferentes instancias, en la órbita nacional o en el conjunto internacional.

A Colombia no le cabe más violencia. Es una peste padecida desde la llegada de los conquistadores, quienes consolidaron su invasión a este territorio a sangre y fuego con sevicia de crueldad para doblegar a la población indígena.

De cuanto se ha dicho del expresidente Álvaro Uribe Vélez hay verdades consolidadas, verdades a medias, especulaciones calculadas y engaños intencionales. No hay duda de que cuenta con panegiristas dedicados a la alabanza extrema destinada a preservarle a su caudillo una imagen de excelencia aun contrariando la realidad de sus humanas fragilidades o de sus inocultables flaquezas. En ese equipo no faltan columnistas aduladores, obsecuentes, diestros en el maquillaje engañoso, para mostrar el personaje como un ser de magnificencia inalterable, así su realidad no le alcance para semejante consagración.

Mientras la violencia arrecia en forma atroz en varias regiones del territorio nacional y se agudizan las perspectivas de la crisis económica y social como secuela de la pandemia del coronavirus, algunos sectores se empeñan en atizar el fuego de la exclusión y del odio. Pareciera ser una causa prioritaria del Centro Democrático en especial, en un demencial revanchismo por la detención de su idolatrado jefe Álvaro Uribe Vélez, incurso en los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

El golpe letal del Covid-19 ha agudizado en Colombia las azarosas condiciones de vida que asedian a la mayoría de sus habitantes. O ha visibilizado mucho más la situación de pobreza colectiva, la acumulación de necesidades insatisfechas, los crónicos problemas que agobian en una cobertura generalizada, a pesar de la demagogia oficial, los discursos mentirosos de los funcionarios de gobierno, de los políticos en trance electoral y de los propagadores de engaños calculados. La realidad es bien distinta a la versión maquillada de quienes se lucran del poder con abusiva avaricia.

Hay colombianos para quienes el conflicto armado les es indiferente. O que no les importa lo que representa como ultraje a la vida y degradación de la existencia colectiva.

La violencia en Colombia ha hecho parte de la cotidianidad de la Nación a lo largo de su historia. Pareciera ser esa una tendencia inexorable, ante lo cual ha sido mayor la permisividad que la voluntad de erradicarla, como debiera ser.