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Nadie discute si el proyecto refleja o no el compromiso de campaña o el mandato de los más de once millones de ciudadanos que apoyaron el programa de gobierno propuesto por Gustavo Petro; lo que hoy se cuestiona tiene que ver con dos aspectos sustanciales de la reforma: su sostenibilidad fiscal y la enorme posibilidad de que existan vicios de constitucionalidad en el trámite de la iniciativa; y mientras el Gobierno Nacional insiste en que no hay nada de qué preocuparse, voces muy autorizadas consideran que esa apreciación es equivocada.
Quienes cuestionan la tesis oficial presentan argumentos que deberían analizarse con sensatez y objetividad. El riesgo de que se declare la inexequibilidad del proyecto por vicios de procedimiento es enorme. El Gobierno considera que no es necesario someterlo al trámite propio de las leyes estatutarias, cuya aprobación, modificación y derogatoria requiere de unas formalidades especiales, y lo incluyó en el paquete que se estudiará en el periodo de sesiones extraordinarias que se extenderá entre el 6 de febrero y el 15 de marzo. La prudencia en este caso aconsejaba aguardar al 16 de marzo, que marca el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, y aprovechar el tiempo para lograr los consensos y mayorías necesarios para su aprobación. Las observaciones en punto del impacto fiscal de la reforma generan mucha preocupación e incertidumbre.
Hasta este lunes el gobierno nacional en este asunto se mostraba inflexible, intransigente, arrogante. Hoy, seguramente por la amenaza de algunos partidos de no aprobar la iniciativa si no se modificaba, dio un giro inusitado y abrió la posibilidad para que se presenten propuestas de cambio a los artículos que deban modificarse. Pero el país político conoce muy bien el talante del presidente, que ya permeó a muchos de sus colaboradores cercanos, y anticipa que con esas propuestas es muy probable que se repita la historia de las observaciones y reparos que, en su momento, y con coherencia, formuló el hoy exministro de educación.
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