En el último trienio se ha venido evidenciando en jurisdicción de la Policía Metropolitana de Ibagué la invasión de predios y/o terrenos por un sinnúmero de personas, algunos de ellos aduciendo la necesidad de contar con un lugar digno para vivir; no obstante, detrás de este fenómeno se ocultan escenarios que exhiben la materialización de delitos conexos como fabricación, tráfico o porte de estupefacientes; porte ilegal de armas de fuego; homicidio; riñas por intolerancia; violencia intrafamiliar; ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
En ese sentido, la problemática de asentamientos humanos irregulares, particularmente en Ibagué, se ha convertido en un factor de oportunidad para la posible solución de vivienda de personas que aducen estado de vulnerabilidad, acciones que en algunos casos son promovidas por personas con interés de engañar o estafar a familias inocentes, con la promesa de una falsa esperanza de solución de vivienda en esta ciudad.
Estos son conocidos como “tierreros”, señalados por la comunidad como oportunistas, muchos llegados de otras regiones del país, que se valen del discurso marcado por la premisa: ¡el Estado debe dar soluciones a la comunidad, como sea! Ahora bien, es necesario destacar que el artículo 263 del Código Penal Colombiano señala como un delito la invasión de tierras o edificaciones, exponiendo que aquella persona que con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito invada terreno o edificación ajenos incurrirá en prisión; a lo que se agrega que la pena se aumentará hasta en la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión.
Aunado a ello, el Código Nacional de Policía y Convivencia, en su artículo 135, tipifica los comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la integridad urbanística, haciendo referencia específica a que se prohíbe parcelar, urbanizar, demoler, intervenir o construir en predios públicos o privados que no cumplan con las normas de ley. Es así, como entre los factores que facilitan esta práctica se encontraría la necesidad de vivienda convertida en un negocio ilícito; presencia de grupos delincuenciales que buscan consolidarse en cada zona; abandono de terrenos por parte los propietarios; migración de invasores de otras zonas del país o de otros asentamientos de la ciudad.
De esta forma, se observa la experiencia de algunas personas inescrupulosas en este tipo de hechos ilícitos, evento que les permite consolidar una renuente estrategia para mantenerse en los predios invadidos, entre ello, generar acciones vandálicas contra las autoridades que atenderán la infracción a las normas de convivencia y seguridad, usando para ello, incluso, armas de fuego y explosivos. Casos como estos, se vienen observando en algunos de propiedad del gobierno local y departamental en los sectores de La Palmilla y El Reposo en Ibagué, donde adicional al daño ambiental que se viene generando por quemas y parcelación indebida, las confrontaciones violentas de los invasores que impiden su desalojo han generado 15 capturas y lesiones a 13 policiales.
Es el momento de hacer un llamado a la cordura y no apoyar esta modalidad de lograr beneficios en contravía de la ley y los reglamentos; lo ideal, sería que la comunidad entienda y/o acceda a los beneficios que los gobiernos de turno ofrecen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos; el actuar de cada persona, que se ciñe a la legalidad, es el mejor ejemplo para los menores de edad, que forjan el destino de la región y necesitan los mejores modelos de legalidad.
DIOS Y PATRIA.
Comandante Metib
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