El tamaño de la olla

Al día siguiente fue radicada en la JEP una solicitud del mismo Otoniel de acogimiento como tercero civil del conflicto armado, donde desde el documento inicial menciona a antiguos altos oficiales del Ejército, ofreciendo una información valiosa para entender y desenredar parte de la intrincada madeja del conflicto armado en la cual se mezclan diversos intereses y estamentos de la sociedad. 

El que haya sido parte de las FARC, del EPL, y que luego fuera vinculado por el Ejército a las AUC (como lo afirma el documento de acogimiento) y posteriormente conformara las Autodefensas Gaitanistas o Clan del Golfo da una idea de cuanto puede tener para decir.

Horas más tarde las grabadoras y un computador donde estaban las conversaciones con Otoniel fueron robadas de manera impecable de la casa de uno de los miembros de la Comisión de la Verdad, prendiendo las alarmas de lo que puede estar ocurriendo detrás de todo esto y las posibles consecuencias frente al derecho que tienen las víctimas a conocer la verdad. 

Quizás la obstaculización al accionar de la Comisión sería menos relevante si no hubiera otras noticias y hechos recientes que dan una medida de lo que se cuece debajo de las relaciones de los Otonieles con altos mandos militares para participar del negocio de la mafia o para cometer crímenes, tanto en el pasado como hoy. Muestra de eso fueron las grabaciones publicadas por Cambio donde el General Herrera Díaz explica a sus oficiales que él se reunió recientemente con poderosos narcotraficantes en su lucha con otros grupos delincuenciales, o la investigación de la Fiscalía al excomandante de las Fuerzas Militares el General (r) Barrero Gordillo, quien fuera el oficial de mayor rango en Colombia, y que haría parte de la organización narcotraficante La Cordillera, que delinque en Nariño para el Clan del Golfo y por la que han capturado a otros altos oficiales. 

General Barrero mencionado en el documento que Otoniel entregó a la JEP y que seguramente hará parte del nuevo macrocaso que ese tribunal abrirá para los hechos delictivos cometidos por la fuerza pública que suman más de 43 mil, de acuerdo a Eduardo Cifuentes presidente de la JEP, cometidos entre 1985 y 2010, de los cuales más de 10 mil fueron realizados junto a paramilitares. Y eso que no han abierto línea de investigación especial para el desplazamiento forzado en la región del Gran Magdalena, donde es sabido que actuaron la fuerza pública y agentes del estado junto a paramilitares.

Así que pese al robo de las grabaciones o la negación gubernamental a las denuncias que han hecho los obispos del Chocó sobre la actual connivencia de la Fuerza pública y el Clan del Golfo, se hace cada vez más evidente el enorme tamaño de la olla podrida que quieren evitar destapar.