Lejos de sus deberes

Vie, 06/05/2022 - 06:00

En un hecho sin precedentes, durante la primera audiencia pública de reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, vimos las escalofriantes declaraciones de un pequeño grupo de militares que participaron directamente en crímenes de guerra y de lesa humanidad como son las ejecuciones extrajudiciales eufemísticamente llamadas falsos positivos. La manera de actuar, las motivaciones y los mecanismos usados fueron narrados por los militares que reconocieron sus errores y pidieron perdón a las víctimas, en una mezcla de arrepentimiento y valor que esperamos que tenga también la cúpula de las FARC, del 31 de mayo al 2 de junio, cuando les toca el turno de admitir sus culpas en la primera audiencia pública sobre el secuestro.

Con esa audiencia la JEP muestra una vez más su importancia para ayudar a pasar la página en esos capítulos de horror de nuestra historia, pese al odio de sus detractores que no es sino temor de salir salpicados por los procesos y las muchas confesiones que faltan. Días antes de esa audiencia, la opinión se estremecía ante la posibilidad que nuevamente la fuerza pública estuviera cometiendo delitos atroces ante la masacre cometida en un bazar en el Putumayo, donde habían muerto colombianos desarmados en un dudoso operativo contra las disidencias. Y antes de que esa tormenta amainara, el comandante del ejército confrontó a un candidato presidencial en una indebida participación en política, defendiendo el honor institucional porque dicho candidato habló de nexos de generales con el Clan del Golfo.

El chiste se cuenta solo, porque aunque las instituciones son entes abstractos que no pueden ser culpables de las acciones concretas de los individuos que las componen, se cuentan por miles los integrantes de la fuerza pública acusados y condenados por diversos crímenes, desde colaboraciones con los paramilitares en cruentas masacres, secuestros, robos, asesinatos en persona protegida como los falsos positivos relatados ante la JEP; así como por corrupción o el delito de narcotráfico, actividad principal del clan del Golfo. Tantas toneladas de droga que exporta Colombia no pueden salir sin que en un lugar o en otro cuenten con la ayuda o la vista gorda de los uniformados. No por nada hasta los jefes de seguridad del presidente Uribe, los generales de la policía Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo fueron condenados por eso.

La pureza de la fuerza pública, que siempre ha contado entre sus filas con miles de hombres sin tacha que le han dado lustre al uniforme, tiene un número tan grande de equívocos que si comparamos los datos del Centro de Memoria Histórica de víctimas fatales durante 60 años de conflicto presuntamente causadas por agentes del estado, 9.837 (a septiembre de 2018), con la cifra de la JEP de los Falsos positivos, 6.402, es fácil ver que dos de cada tres muertos fueron crímenes de lesa humanidad, lejísimos de sus deberes constitucionales.

Esas muertes que favorecían la imagen de un presidente; al igual que el contubernio con los paramilitares para acabar con todo lo que parezca de izquierda, hasta exterminar un partido político, fueron y han sido siempre la más descarada participación en política de la fuerza pública, empequeñeciendo el inocente trino del general Zapateiro y las amenazas soterradas de golpe de estado, si pierde la derecha las próximas elecciones.