Hoy que los colombianos aún no salimos del asombro, el dolor de patria y la indignación producida por la pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, cuyos derechos antes correspondían a nuestro país y que ahora, por cuenta de un fallo judicial, quedan en cabeza de Nicaragua, vuelve a ponernos a reflexionar sobre el verdadero sentido y valor que tiene el concepto de SOBERANIA para un Estado que pareciera se ha acostumbrado, como lo demuestra su historia, a perder de manera recurrente, fragmentos de uno de sus elementos más importantes: EL TERRITORIO.

Perdimos a Panamá en 1903; hemos perdido más de medio millón de kilómetros de nuestra selva amazónica con Brasil, Ecuador y Perú; perdimos en 1952 el archipiélago de Los Monjes con Venezuela, gobierno ante el cual, en el pasado, también perdimos cerca del 50 por ciento de lo que en otrora fueran nuestros llanos orientales y para completar este breve recuento, en el 2012 dejamos sin mar territorial a un Departamento entero, donde sus habitantes raizales, en su gran mayoría pescadores artesanales, quedaron inmersos en un limbo jurídico que no entienden pero que pese a ello, saben que pone en riesgo la subsistencia y supervivencia de sus familias. Aun así, todavía ingenuamente y con algo de sorpresa nos preguntamos: ¿QUÉ PASÓ?

La respuesta del Gobierno Nacional no puede ser simplemente “culpar” a la Corte Internacional de Justicia de La Haya de haber emitido un fallo “ilegal” y que como tal no debería acatarse, tampoco amenazar con retirarse del Pacto de Bogotá, suscrito en 1948, mediante el cual el Estado Colombiano reconoce y se somete a la jurisdicción de este Tribunal, para de esta manera evadir el cumplimiento de los efectos del fallo; menos hacer creer a la opinión pública que con la renuncia de la canciller María Ángela Holguín, la crisis en que se debate San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se aminorará y no pasará de ser otro capítulo más de una negra historia diplomática, colmada de pusilánimes y desastrosas defensas de nuestra soberanía, la misma que la Constitución Política Colombiana señala que reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público, ese mismo poder que nuestros representantes no han sabido ejercer.

¿Hasta cuándo seguiremos repitiendo la historia de pérdidas territoriales? ¿Por cuántos siglos más seguirán los colombianos con este “DEJA VU” de gobiernos débiles, temerosos y derrotistas en su política exterior? ¿Será posible que nuestro país tenga algún día un Presidente que conforme un equipo de trabajo no con “delfines”, sino con profesionales suficientemente idóneos, competentes y conocedores de lo que significa el concepto de política exterior?

Pese a la trascendencia que actualmente representa este tema para la nación, no podemos olvidar que el territorio colombiano lo componen no solo nuestras Islas, cayos, archipiélagos, mares territoriales, plataforma continental, espacio aéreo, espectro electromagnético, sino también el suelo y el subsuelo. Y es allí, donde la soberanía colombiana se ha perdido desmesuradamente ante la vista de todos. Que la sociedad colombiana no olvide, ni se distraiga más de la cuenta, del riesgo inminente en que se encuentran nuestros recursos naturales ante los megaproyectos de explotación minera, que multinacionales pretenden adelantar, amparados en licencias abiertamente inconstitucionales y que dejarán a nuestros campesinos sin tierra que labrar, así como quedaron los pescadores de San Andrés sin mar donde pescar como consecuencia de una mala defensa judicial.