Desarrollar ciudades resilientes requiere de acciones colectivas y cuando hablamos de ello se traduce en la necesidad de comprometer gobiernos nacional, departamentales y municipales y garantizar la participación de las comunidades, que, en conjunto, deben estar preparados ante los posibles eventos que amenacen o pongan en riesgo su supervivencia.

Uno de los elementos fundamentales en este proceso es el fomentar y compartir el conocimiento. Todos y cada uno de los mil 123 municipios de nuestro país, sin importar su tamaño, población, características, ubicación y perfiles de riesgo, pueden ayudar y aprender uno de lo otro. Transmitir los conocimientos especializados, las destrezas y experiencias, así como el apoyo técnico para de esta manera lograr alcanzar el objetivo de generar resiliencia.

Ante el desafío ambiental que hoy afrontamos, la resiliencia y la reducción del riesgo de desastres deben formar parte del diseño y estrategias urbanas en nuestros municipios para lograr un desarrollo sostenible.

Ciudades preparadas ante factores de riesgo derivados del crecimiento desorganizado de las poblaciones urbanas, que ejerce presión en los suelos y servicios, originando el aumento de asentamientos humanos en zonas inestables y propensas a desastres; la débil gobernanza local y la pobre participación en la planificación y la gestión urbana; la inadecuada gestión de los recursos hídricos, sistemas de alcantarillado y manejo de residuos sólidos; los efectos negativos del cambio climático que aumentan y disminuyan, dependiendo de las condiciones de cada región, las temperaturas extremas y la precipitación, con repercusiones en la frecuencia, la intensidad y la ubicación de las inundaciones y de otros desastres relacionados con el clima; el declive de los ecosistemas estratégicos a consecuencia de actividades humanas como la construcción de obras de infraestructura de gran escala, la contaminación, la extracción insostenible de recursos naturales renovables y no renovables; la descoordinación entre los organismos encargados de la atención de emergencias y la concentración de recursos fiscales a nivel nacional, limitando la capacidad de respuesta y reducción del riesgo de los gobiernos locales, son, entre otros aspectos, sobre los que se requiere aumentar el compromiso las comunidades y la inversión de las autoridades municipales.

La pregunta obligada es: ¿Esta Ibagué preparada ante riesgos derivados del cambio climático como inundaciones, deslizamientos, o ante una eventual erupción del Volcán Machín, o para afrontar adecuadamente periodos prolongados de escasez de agua como consecuencia de una fuerte sequía? (Recordemos que somos “Combeima-dependientes”). La respuesta nos la ha venido dando nuestra historia reciente: NO.