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Pero la tercera y última fase de esta megaobra sigue a medio camino, entre la actualización de estudios y diseños, y pendiente de la partida presupuestal, estimada en $1 billón. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, debe saber que el Plan de Desarrollo Territorial es la mejor herramienta de que dispone el departamento para acelerar dicho proyecto.
Las autoridades locales, ambientales e indígenas, representantes a la cámara por el departamento del Tolima y la asociación de usuarios – Utritol, deben cerrar filas para establecer ya la hoja de ruta con el gobierno nacional y firmar el compromiso de los recursos, pues este ya es un proyecto estratégico en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo.
El impacto sobre esta zona deprimida socialmente en el departamento saldaría una gran deuda, pues lo que hay de obra hoy solo le funciona a quienes están conectados ilegalmente al agua.
El tiempo se agota. Quedan apenas un par de semanas para aprobar 1.103 planes municipales y 32 planes departamentales de desarrollo. Lo que quede en ellos, señora gobernadora y señores alcaldes, definirá en buena medida el futuro inmediato de sus regiones.
En el escenario de los planes de desarrollo regionales deben tener un lugar protagónico los empresarios y emprendedores del sector agrícola, y deberían tener genuina participación las organizaciones sociales y los grupos de interés, atendiendo las aspiraciones de la comunidad rural, ignoradas durante décadas. Las dirigencias locales deben ponerse las pilas, pues estamos ante una sociedad transformada que exige cambios e inclusión.
No importará la esquina política a la cual pertenezcan los mandatarios: de no conseguirse resultados concretos pronto, en los meses venideros los dirigentes tendrán que lidiar con el inconformismo de la gente y la protesta social. Y esto podría ocurrir también frente a los despachos y plazas municipales.
Los liderazgos de organizaciones de campesinos, los gremios y empresarios locales, y las administraciones públicas deben hacer un frente común y plantarse ante el gobierno nacional con apuestas constructivas en sus planes regionales. Aquí no solo están en juego los pequeños productores agrícolas y sus familias, sino una masa enorme de colombianos que habitan en esos espacios dinámicos llamados ruralidad, en donde los jóvenes necesitan motivos para permanecer, los empresarios requieren el entorno propicio para consolidar la economía y los ciudadanos las condiciones mínimas para una calidad de vida digna.
Los departamentos y algunas alianzas regionales interdepartamentales interesantes, como la de la región Caribe, deberían plantear también sus prioridades y escenarios de cooperación para acuerdos con la nación. ¡Se debe hacer reforma agraria y desarrollo rural al mismo tiempo!
Identifiquen los núcleos en donde puedan convivir en condiciones justas las apuestas agroindustriales con tecnología, y los futuros nuevos propietarios asociados en cooperativas y otras figuras. En todos los departamentos de vocación agrícola –el Tolima incluido– es necesario acordar cuáles infraestructuras de valor agregado se requieren para las vastas zonas productivas, y cuál será el lugar óptimo para las mismas. Estas pueden mejorar el ingreso de la población e integrar a muchas comunidades hoy desconectadas de los circuitos del mercado.
Los concejales de los municipios y los diputados de la Asamblea Departamental también tienen una enorme responsabilidad, pues son quienes aprobarán dichos planes, así que en sus manos está el futuro de sus comunidades.
El Distrito de Riego del Triángulo no puede quedarse como otro elefante blanco más. Y eso lo saben también los congresistas del departamento, todos, los afines y los no afines al gobierno. Los tolimenses llevan 20 años de paciente espera. Su culminación posibilitará la irrigación de amplias áreas de cultivo para la producción de alimentos en condiciones ambientalmente sostenibles, lo que sin duda fortalecerá la agricultura indígena y campesina. Hay una oportunidad gigante para multiplicar la producción que podría pasar de 42.000 toneladas de alimentos a 140.000 y se generarían al menos 3.000 empleos permanentes.
*Expresidente de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR.
*Experto en Políticas Públicas y Desarrollo
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