Desde hace más de 30 años los gobiernos colombianos se debaten entre buscar la paz a través del diálogo o de la derrota militar. Así, podemos volver a los años 80 y recordar al gobierno de Julio César Turbay que buscó establecer contactos con la guerrilla a pesar del estatuto de seguridad; o a la administración del presidente Belisario Betancur que logró la firma del cese al fuego en 1984 con las FARC, el EPL, el M-19 y el Quintín Lame, entre otros. 

Años más tarde, recordamos al presidente Virgilio Barco iniciando un proceso de paz con las guerrillas, que terminó en la desmovilización de los miembros del M-19 en 1990. Luego, el presidente César Gaviria se concentró en la desmovilización de las guerrillas del EPL y el Quintín Lame y su sucesor Ernesto Samper, aunque inicialmente buscó establecer contactos con las Farc, tuvo que dedicar su periodo a defenderse del proceso 8.000. Después, bajo el gobierno de Andrés Pastrana podemos recordar la costosa estrategia del despeje que resultó fallida en febrero de 2002. Por su parte Álvaro Uribe, avanzó en un cuestionado proceso de desmovilización con las autodefensas, pero en relación con la guerrilla priorizó la acción militar sobre el entendimiento político, aunque hoy venimos a descubrir sus contactos secretos con las FARC.

Ahora, bajo la administración del presidente Santos, los colombianos somos testigos de una nueva fórmula para darle fin al conflicto armado. En días pasados, lamentablemente las FARC filtraron la noticia de los acercamientos exploratorios para un diálogo de paz. La Casa de Nariño tuvo que reaccionar afirmando que se dará inicio a conversaciones directas e ininterrumpidas con las FARC, con el fin de alcanzar un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Esta nueva fórmula girará en torno a tres principios rectores: recoger lecciones aprendidas de intentos pasados, darle fin al conflicto armado y mantener presencia militar en todo el territorio colombiano.

Estos principios, se insertan en el trabajo legislativo que el Congreso de la República viene desarrollando desde la pasada legislatura. Me refiero en primer lugar a la prórroga de la ley de orden público, que le prohíbe al Presidente despejar o desmilitarizar una zona del territorio y en consecuencia, lo obliga a establecer cualquier mesa de diálogo, en el exterior. Adicionalmente, se trabaja en el Marco Jurídico para la Paz que fue aprobado por el Senado y que obliga a la liberación de los secuestrados y al fin del reclutamiento de menores para la guerra, como premisa para poner en funcionamiento la normatividad. 

Finalmente y en relación con la presencia militar, se ha venido trabajando en el proyecto de Acto Legislativo sobre Fuero Militar, del cual soy Coordinador Ponente, que planteará una ruta de respeto al derecho internacional humanitario en el marco de los diálogos propuestos.

El logro de la paz, para no repetir errores del pasado, demanda total reserva en esta fase, voluntad política, mesas de negociación y un trabajo concertado y participativo en la creación del marco jurídico que refuerce la democracia y le de permanencia a los acuerdos de paz que se puedan lograr. Jorge Orlando Melo, columnista de El Tiempo, afirmó recientemente que con la guerrilla se debe negociar porque tiene poder, no porque tenga legitimidad. Por tal motivo, creo que prontamente negociaciones y diálogos se convertirán en un tema electoral hacia la búsqueda de aquella legitimidad. Por eso, deberá atenderse Con cuidado las regulaciones que sobre el escenario electoral se propongan, pues ese es el terreno que hace la diferencia entre ejercer el poder de la ciudadanía con legitimidad, o mantener el poder por la fuerza de las armas con el miedo de los ciudadanos.