Difícil especular sobre un proceso que adelanta la Procuraduría y que se encuentra aún en indagación preliminar, como es el caso del seguido contra el alcalde de Piedras Arquímedes Ávila Rondón, y nada más ni nada menos que también contra varios concejales de dicho municipio, que votaron a favor del Proyecto de Acuerdo 011 de agosto 28 de 2013, para efectos de efectuar la consulta popular que efectivamente se realizó el 28 de julio del año pasado.

Igual de temerario suponer desde ahora, -como ya se especula debido a vergonzosos y reales antecedentes protagonizados por el Procurador General de la Nación- que el Alcalde y varios concejales de Piedras serán destituidos como resultado final de dicho proceso. Puede ser, y esperamos que así sea, que después de terminada la etapa de indagación preliminar se archive el proceso. Sería jurídicamente lo lógico.

Pero, lo que sí preocupa de entrada, es precisamente que se haya iniciado dicha actuación, por cuanto pone en entredicho –peligrosamente para el Estado Social de Derecho- la utilización de los mecanismos de participación y consulta establecidos en nuestra Constitución Política como derechos de los ciudadanos, cuando a todas luces, se evidencia que la consulta realizada en Piedras, fue adelantada en forma legal, ajustada a los formalismos requeridos, y sobre todo, en paz. Colocar, eventualmente minas quiebrapatas desde el propio Estado al ejercicio de derechos constitucionales no sólo es perverso jurídicamente, sino peligroso socialmente, por cuanto le quita la pluma de la mano a los inconformes a través de la cual buscan defender sus derechos, para ponerles en su lugar piedras o guijarros, como eventual forma de expresar su descontento, una vez frustrada arbitrariamente la opción legal.

El tema de la explotación minera, será por décadas en Colombia, un tema controvertible. La jurisprudencia constitucional así lo evidencia, en un interesante planteamiento del mes pasado que al final tendrá que convertirse en eje rector para abordar jurídica e institucionalmente estos asuntos. De ahí, la necesidad del acompañamiento académico –frente al tema minero- en el análisis de las consideraciones concretas de cada proyecto en sus dimensiones de impacto regional, ambiental, de desarrollo y la amplia participación de la comunidad en su diseño, formulación realización o exclusión. Por ello, enviar un mensaje de ilegalidad a la utilización de mecanismos constitucionales, orientadas precisamente a ese fin, es descabellado.

Mucho más, en estos momentos en que el país, en medio de apasionadas discusiones busca a tientas una salida negociada al conflicto armado que durante décadas ha golpeado despiadadamente a Colombia. El mensaje debería de ser de discusión pacífica y democrática, de análisis sereno y ante todo, de convivencia. De prevalencia de la pluma sobre la piedra.