Uno de los principales problemas de orden público en estos últimos meses en Colombia, está relacionado con el delincuente Walter Patricio Ariza, alias “Guacho”, a quien cada fin de semana ya casi lo capturan o dan de baja.
Herido, según informes de inteligencia militar varias veces, y la última de ellas por un fantasmal francotirador del ejército que a escasos 100 metros, logró impactarlo el sábado pasado, a las 2 de la mañana, dos veces por la espalda con un fusil cartucho 7.62. “Guacho” se convirtió en el actual personaje emblemático de la delincuencia colombiana. Pero hasta ahora, al escribir esta columna, nada que aparece: ni herido, ni vivo ni muerto.
Conminado directamente por los Presidentes de Colombia y Ecuador, Ministros y altos mandos militares, a entregarse, ese joven delincuente ha logrado movilizar en su persecución 1.000 hombres de la Fuerza de Despliegue Rápida II de Colombia y 2.000 del Ejército y la Armada, junto con 6 helicópteros Black Hawk.
Despliegue militar, un poco exagerado para dar de baja a un forajido que según informes de inteligencia no dirige más de cien hombres y su anillo de seguridad lo conforman tan sólo 10 malhechores.
Este siniestro personaje ha logrado desplazar de la atención pública, de pronto intencionalmente por la inteligencia estatal, el verdadero y real tema de conmoción humanitaria en Colombia, como es el de los asesinatos de más de 120 líderes sociales y defensores de derechos Humanos en lo que va corrido del presente año.
En relación con los asesinatos de líderes sociales, en comparación con los informes sobre “Guacho”, existe un abismo informativo preocupante: ¿Cuáles son las estructuras paramilitares que a sangre y fuego defienden los intereses de los terratenientes usurpadores ilegales de tierras, narcos y mineros ilegales?.
En otras palabras, ¿quiénes son los Guachos, o fantasmas de la muerte, que están asesinando a líderes comunales, comunitarios, indígenas por ejercer labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierra y promoción de derechos humanos?.
Vistas así las cosas, resulta evidente que la divulgación de información oficial sobre el actuar del paramilitarismo, que sigue vivito y coleando, -el cineasta Oliver Stone afirmó recientemente, que los paramilitares han regresado a su viejo negocio de asesinar colombianos - es minimizada por medios de comunicación nacional que registran reiteradamente y con preferencia, las andanzas delictivas del criminal ya citado.
No se percibe ese despliegue militar e informativo de la acción estatal en la persecución de los asesinos de dirigentes sociales. Los líderes sociales y defensores de derechos humanos, deben ser inexorablemente motivo de atención y protección especial en su vida con toda contundencia por el Estado.
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