El Ex - Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, con su renuncia, le hizo un gran favor al país. En especial, al Estado Social de Derecho y a sus instituciones. No ha existido, desde la creación de la Fiscalía en la Constitución de 1991, un funcionario más cuestionado de esa dependencia, por sus conflictos de intereses. Sobre todo, por haber prestado sus servicios profesionales a conglomerados y empresas, de las cuales varias se vieron enredadas en escándalos de corrupción.
La senadora Ángela Lozano, lo advirtió desde su postulación. Gran parte de los ciudadanos vieron con desconfianza no solo su designación, sino todas sus actuaciones al frente de la entidad que debe perseguir la criminalidad. Congresistas opositores demostraron suficientemente en debates parlamentarios, sus incompatibilidades e impedimentos para dirigir el ente acusador. Pero no lograron su renuncia.
Luego vinieron los tristes episodios del contralor Pizano y su hijo. La salida del país de Fernando Andrade. El nombramiento del Fiscal Ad-hoc, y nuevo estudio por la Corte de otros impedimentos, que ya estaban próximos a resolver.
En el colmo del cinismo, aprovechando oportunistamente y como caído del cielo el pronunciamiento de la JEP en el caso de Santrich, sustentó su renuncia en la afrenta que supuestamente tal proveído representaba para la Justicia y el Estado Social de Derecho. Pero el Ex - Fiscal, que es tremendo jurista, y todo lo simula con maestría, no contó, ni dijo ante los ciudadanos colombianos, que tal providencia aún no estaba en firme. Que existían recursos frente a la misma. Que se podían utilizar todos los mecanismos legales previstos para atacarla y controvertirla.
Y, lo peor, no registró maliciosamente, que la apelación se surtiría ante una Sala, que es garantía de juridicidad, dada la probidad y el conocimiento de quienes la integran. Al contrario, en forma irrespetuosa para con el Tribunal de Paz constitucional, salió a atacar tal pronunciamiento -que sustenta exhaustivamente los motivos para aplicar la garantía de no extradición- , intentando de pasadita, destrozar la credibilidad en la JEP. O sea, quiso matar dos pájaros de un solo tiro.
Sospechosa y simultáneamente, aparecieron otras supuestas pruebas contra Santrich, pero lo sabe un alumno de Derecho, estas se decretan y se controvierten en su oportunidad dentro del proceso y no en los medios de comunicación. Quienes determinan la admisión y el mérito probatorio de una evidencia son los jueces. Es innegable, que quien promueve la destrucción del Estado de Derecho es Martínez. Desconoce las Cortes. Y, en contravía de la dignidad que recientemente ostentó, actuó como adalid de un partido que hace rato, quiere hacer trizas la paz. Afortunadamente sin éxito alguno.
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