El presidente Duque tomó posesión de su cargo hace un año. Algunos ilusos pensaban que dada su juventud marcaría diferencia con el Centro Democrático y su mentor. Pero no ha sido así. Por el contrario, ha malgastado todo el año en devolvernos al pasado y revivir discusiones ya superadas. Retrocedimos a la época del plebiscito, con sus tercas objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP, no obstante, el estudio de constitucionalidad que previamente había realizado la Corte.
De nuevo se agita la trajinada discusión sobre la cadena perpetua para los violadores. Claro, es un asunto que da muy buenos réditos electorales, por qué, ¿quién no se indigna frente al abuso sexual y asesinato de un niño o una niña?. Lógicamente un crimen de estos es extremadamente doloroso para una comunidad y un país.
El tema ha sido propuesto, una y otra vez. La concejal de Bogotá, Gilma Jiménez ya lleva varios años de fallecida, pero su bandera de la cadena perpetua sigue más vigente que nunca, no obstante innumerables estudios de científicos sociales y de juristas conforme a los cuales, esta pena es inútil. No sirve para disuadir al criminal y evitar la comisión del delito.
La Comisión Asesora en Política Criminal, fue desoída recientemente, cuando recomendó al Gobierno que no se embarcara en esta reforma por inocua y tremendamente costosa. Lo anterior, llevó a la renuncia de su presidente Dr. Ricardo Posada Amaya, quien considera que la tarea de estudiar los principales problemas jurídicos penales y criminológicos desde el punto de vista científico es crucial. Y, en aras de la ética y la independencia dimitió.
Por lo demás, ya sabemos que un proyecto de esta naturaleza implicaría una reforma constitucional y el desconocimiento de tratados internacionales. Nadie discute que es necesario, tomar medidas contra estos delitos abominables, pero con medidas o estrategias que sean efectivas. No debemos olvidar tampoco, que en Colombia, prácticamente existe la cadena perpetua, en tanto se pueden imponer penas hasta de sesenta años.
Otro viejo alboroto es el caso del exministro Andrés Felipe Arias, quien fue finalmente extraditado al país por las autoridades de Estado Unidos. Una vez más, se agitan las agrias discusiones sobre su culpabilidad o inocencia. Se le expone, desde la derecha, como un perseguido político, -¿también lo fue de las autoridades gringas?– sin traer a colación los argumentos aducidos por la Corte Suprema de Justicia, en su extensísima providencia en la cual sustenta su condena.
Pero, resurge una gastada bandera política: la segunda instancia con retroactividad para los aforados condenados en única instancia, que tendrá formidables defensores, entre ellos los parapolíticos condenados. De nuevo, estamos en el pasado.
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