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En menos de cuatro meses van 53 líderes sociales asesinados y 37 masacres. Repasemos abril: Cartago, Valle, 5 muertos; San Antonio, Cundinamarca, 3 muertos; Tame, Arauca, 5 muertos; Villa del Rosario, Norte de Santander, 3 muertos; Puerto Guzmán, Putumayo, 4 muertos; Cantagallo, Bolívar, 2 muertos; amén del cuestionado operativo en el que murieron 11 personas en Puerto Leguízamo, y más de 10 uniformados víctimas de “plan pistola”.
Volvieron los secuestros. Disidencias y Eln controlan Cauca, Nariño y Arauca. 1350 indígenas de comunidades Emberá, desplazados de Risaralda y Chocó, que ocupan hace siete meses el Parque Nacional de Bogotá, nos ponen de presente que las mafias se reacomodan en regiones como Urabá, el Catatumbo o la Sierra Nevada, donde la reaparición de los “Pachenca” acaba de desplazar 200 familias indígenas al municipio de Ciénaga.
No se puede salir de noche. Atracadores, rompe vidrios y fleteros asuelan calles y plazas. Hace un mes alias Matamba se escapó de La Picota con la complicidad de los guardianes del Inpec. La Fiscalía acusó a dos altísimos ex oficiales de apoyarlo en sus andanzas, como se lo corroboró alias Otoniel a la JEP, al involucrar a dos ex comandantes de las Fuerzas Militares con los urabeños.
Nunca más válida la trajinada frase de Clemenceau: “La guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los generales”. Aunque da la impresión de que al partido de gobierno no le interesa el monopolio de la fuerza en manos del Estado. Oscar Iván Zuluaga y María Fernanda Cabal promovieron el “derecho” de los particulares a armarse.
Y para completar, el general Zapateiro se involucra en el debate político presidencial, violando la Constitución con el respaldo del propio presidente. ¿No fue este oficial, recién posesionado como comandante General, quien lamentó públicamente la muerte de Jhon Jairo Velásquez, alias ‘Popeye’, el sicario que asesinó 500 policías entre 1989 y 1992? Pagaba 1 millón por agente, 2 por suboficial, 3 por oficial y 5 por integrante del Bloque de Búsqueda. Una afrenta inadmisible contra la Policía Nacional, sus viudas y huérfanos, que pasaron por alto el ministro Diego Molano y el Presidente.
Al parecer, la única seguridad que le interesa a Duque es la burocrática. Entre el 13 de noviembre y el 29 de enero de 2022 se suscribieron 645.495 contratos por $ 52,3 billones, que “aceitaron” las elecciones de Congreso e impulsan la candidatura de Fico. Los datos son de la procuradora Cabello, citados en su concepto negativo a la modificación de la Ley de Garantías, cuando ya no hay nada qué hacer. También aseguró la elección de un aliado suyo como sucesor de Pipe Córdoba en la Contraloría.
El desempeño de la cúpula militar es deplorable. Se justifican repitiendo que el Acuerdo de Paz fue un engaño, pues las Farc jamás se desmovilizaron. El mismo argumento de los partidos de izquierda, en relación con la Ley de Justicia y Paz que sometió a los paramilitares. Aquí nadie cumple.
No les falta razón. Tampoco a quienes sostienen que lo que padecemos es la reocupación del territorio, no de parte del Estado y sus instituciones de servicio, sino de las mafias locales y carteles mexicanos. Que el único que, a la fecha, se mantiene desmovilizado es el Ejército.
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