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La seguridad social nació en 1947, con la creación de la Cajanal, para la administración de los riesgos de vejez y salud de los empleados públicos. En 1967 Carlos Lleras le asignó al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales las pensiones privadas. Adoptó el modelo conocido como “de reparto”, en oposición al de ahorro o capitalización individual. Uno en el que todos ponen: Estado, patrono y trabajadores, en plural, pues para la época concurrían 30 o más aportantes por pensionado. Hoy lo hacen menos de tres.
Las cotizaciones iniciaron en 6 %, 1,5 % a cargo del Estado, que jamás aportó. Los cálculos actuariales preveían subirlas gradualmente hasta el 22 % (Fedesarrollo- 2010). La ley 100 de 1993 las estableció en la mitad de lo necesario y hoy son del 16 % (ingresos altos hasta el 18 %). Creó también los fondos privados (AFP), para quienes confiaran más en su ahorro que en el cuestionado ISS.
Según un estudio de la U. Externado (Farne -Nieto 2017), los subsidios a pensiones de salario mínimo son 71 % en hombres y 75 % en mujeres. Esto, porque 25 años de cotizaciones al 16 % jamás alcanzarán para cubrir 20 años al 100 %. Por eso los asume el Estado, tanto en Colpensiones como en las AFP. Veamos otros casos: un Ingreso Base de Liquidación (IBL) de diez salarios mínimos, tendría una pensión de $6,4 millones y subsidios de 2,4 millones (38,1%) en hombres y $3,23 millones (48,9 %) en mujeres. Menor porcentaje que en el mínimo, pero en cuantías muy superiores. Por eso se dice que nuestro sistema es regresivo. La paradoja es que todo plan de formalización laboral incrementa los déficits públicos.
El gasto público en pensiones representa el 4,4 % del PIB. Pero la principal vena rota no está en el régimen privado sino en los regímenes especiales públicos. “Por cada peso que el presupuesto destina a Colombia Mayor, se destinan 9,5 pesos para un pensionado de Colpensiones y 30 pesos para un pensionado de los Fondos de Pensiones Públicas” (Nota Macroeconómica 35, U. de los Andes 2022).
Jueces, magistrados y congresistas se pensionan con el 75 % del último salario, subsidios que pueden superar $18 millones mensuales. Los docentes de ambos sexos lo hacen a los 57 años, con 25 de servicio; su mesada promedio es $3 millones (subsidiada en el 60%) y pueden laborar 13 años más con doble ingreso público. Las asignaciones de retiro responden por casi la mitad del denostado presupuesto de “guerra”; jubilaciones que comienzan desde los 40 años, algunos con solo 18 de servicio y contribuciones de solo el 1 % de la nómina (Policía).
En 2035 la expectativa de vida subiría a 90 años y el Estado tendría que pagarle 45 o 50 años de mesadas pensionales a sus exfuncionarios (incluida la sustitución pensional). Lo más probable es que ahora insistan en echarle mano al ahorro, por $360 billones, de las AFP y nada cambie para ellos, porque Fecode es la guardia pretoriana de la izquierda, las Fuerzas Armadas el sustento de todo gobierno débil y los jueces, cuidando sus privilegios, mantendrán estables los míos y los tuyos, querido lector.
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