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Antes de entrar a analizar la distribución de este presupuesto, quiero expresar mi total respaldo a la propuesta que hizo en días pasados el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al Congreso de la República, en el sentido de modificar la norma para que sean los gobiernos entrantes quienes se encarguen de estructurar su plan de gastos e inversiones y no el saliente como actualmente ocurre. Por culpa de esta absurda norma, al gobierno entrante le toca recomponer algunos rubros que no se ajustan a su Plan de Gobierno.
Y hablando de cosas absurdas, es increíble que, con semejante déficit fiscal (5.6%), nivel de endeudamiento (50% del PIB), pobreza monetaria (39%) y tasa de desempleo (11%), hayan dejado radicado un presupuesto donde incrementan el gasto de personal y reducen el de inversión. Los colombianos, exigiéndoles una liposucción a la grasa de la burocracia y ellos haciendo todo lo contrario. Para el año entrante, incrementaron los gastos de personal de $40 billones a $44 billones; las transferencias de recursos de la nación a las entidades territoriales para educación, servicios de salud y saneamiento básico, las incrementaron de $49 billones a casi $55 billones y el servicio a la deuda de $71 billones a $77 billones, mientras que la inversión la redujeron de $69 billones a $62 billones. Ahora, el gobierno entrante sugiere aumentar los impuestos para equilibrar el presupuesto. Que yo sepa, ningún país del mundo ha mejorado su déficit, el desempleo ni la falta de crecimiento, con subidas fiscales.
En Colombia, el problema no es la baja imposición, sino el derroche de gasto público y la maldita corrupción. Si queremos más recaudo con los impuestos, es necesario tener una economía próspera, y esta solo se logra teniendo más gente trabajando en empresas que tengan beneficios para elevar el recaúdo. Con esta nueva reforma tributaria, y lo digo con todo respeto, el gobierno va a convertir a los contribuyentes en sus rivales. Cuando los impuestos son demasiadamente altos, la gente pierde la confianza en sus gobernantes. El gobierno no debe maltratar a quienes le da dinero, al contrario, debe agradecerles cada peso que le paga. Cada cuatro años nos imponen unas reformas tributarias que además de desincentivar los sectores productivos, fomentan la informalidad, el contrabando, el derroche de dineros públicos y la corrupcción política. Un desangre de recursos públicos que le cuesta al país más de 60 billones de pesos anuales.
Otro problema del PGN de 2023, es el desequilibrio en la distribución de los recursos de inversión por sectores. Con semejante problema de atraso económico que existe en el país, por falta de infraestructura vial (férrea, terrestre y fluvial) y terminaron asignándole menor presupuesto al ministerio de Transporte ($9.6 billones), que al programa de inclusión social ($16 billones). Ahora estamos en una gran crisis de mano de obra y aumento de pobreza rural, pues, la gente prefiere tener unos mototaxis y esperar un sueldo del gobierno por no trabajar. Complicado el asunto.
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