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Décadas de mal manejo del recurso hídrico y emisiones de gases de efecto invernadero han hecho que las heladas azoten una gran extensión de cafetales en Brasil, que las inundaciones en la principal región porcina de China (Henan), ahogue las granjas y aumente las enfermedades en los animales y que las altas temperaturas y la sequía aplasten las zonas agrícolas de Europa, India, Canadá y Estados Unidos, entre otros países.
No existe otro sector que dependa tanto del sol, la lluvia y la temperatura, como la agricultura. Cuando se produce a cielo abierto, cualquier cambio de estos factores climáticos puede drenar todo el capital de un agricultor de la noche a la mañana.
Es aquí donde las políticas públicas sobre instrumentos de cobertura de riesgos climáticos y de manejo sostenible de la producción agrícola, juegan un papel fundamental en la estabilización de las rentas de los agricultores, la seguridad alimentaria y la conservación del medio ambiente.
Por ello, la importancia de mantener instrumentos de ayudas como el seguro agrario contra riesgos climáticos; el incentivo a la capitalización rural (ICR) para construcción de sistemas de riego y drenaje; y el Certificado de Incentivo Forestal (CIF), para fomentar la siembra de árboles y sistemas de silvopastoreo en las fincas. Son instrumentos claves para hacer frente a riesgos que, por su intensidad, extensión, frecuencia aleatoria y costo económico, son prácticamente inasumibles por cualquier agricultor.
Desafortunadamente, los congresistas y funcionarios del gobierno que aprueban la distribución y ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN), conocen poco o nada de la importancia de estos instrumentos de cobertura de riesgos y de fomento a sistemas de sostenibilidad en la producción agropecuaria.
En los últimos doce años, la cenicienta del paseo en la distribución del PGN ha sido el Ministerio de Agricultura. El saliente gobierno le dejó una pírrica asignación de inversión de 1.7 billones de pesos en el PGN del 2023. Lo peor de este cuento, es que toda esa plata que se asignó durante estos años, terminó beneficiando más a los congresistas (que el gobierno le hipotecó la cartera agraria), que a los productores del campo.
Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, por ejemplo, se repartieron más de 100.000 millones de pesos a través del Fondo de Fomento Agropecuario. Literalmente, le pasaron la factura a Duque y a Marta Lucía Ramírez, quien era la que supuestamente suscribía estos pactos burocráticos entre el gobierno y el partido conservador.
Regresando al tema de como enfrentar el cambio climático y fomentar la producción agrícola sostenible, sugiero respetuosamente al gobierno entrante y a su ministra de Agricultura, Cecilia López, cuatro estrategias para este propósito. I) Crear el Sistema Nacional de Presas y Canales de Riego, para optimizar el uso del recurso hídrico en invierno y verano. II) Crear el Fondo de Fomento Forestal, para fomentar las siembras de árboles, reducir los gases de efecto invernadero e impulsar el mercado de los bonos de carbono. III) Instituir los POT rurales, para orientar el ordenamiento productivo, y IV) crear las Escuelas de Formación Municipal, en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Con estas medidas, la siguiente factura será mínima.
*Consultor en crédito de fomento agropecuario.
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