“Señor Presidente: los médicos de este país le pedimos que su gobierno lidere la tarea de cambiar el sistema de salud. La salud de los colombianos merece y necesita otro norte, estructurado sobre el cumplimiento pleno del precepto constitucional de la salud como un derecho; esto riñe con la concepción rentista y la costosa y peligrosa intermediación que han campeado dentro del sistema desde su creación.

El cuerpo médico de Colombia, comprometido con la salud de los colombianos, se pone a disposición del país, de su Gobierno y del Congreso de la República para ayudar a sentar las bases de un sistema de salud distinto y orientado a responder las necesidades de la población. Mientras tanto, nos mantenemos vigilantes frente al sistema vigente que, en muchos aspectos, tocó fondo y ha causado hondo impacto negativo en la medicina como profesión y como ciencia al servicio de la sociedad, en contradicción con el imperativo hipocrático. Nuestra sociedad -señala al respecto la Corte Constitucional- está ‘enferma’ y en tránsito inequívoco a internarse en ‘cuidados intensivos’. El sistema de salud pareciera colapsar, en detrimento de los derechos fundamentales de quienes habitamos este Estado. Ello hace imperioso que el país aborde decididamente el rediseño de la estructura y el cambio de procedimientos, tendientes a salvaguardar el derecho a la salud, como mecanismos que permitirán tener una esperanza ante el complejo panorama mencionado”.

Nuevamente surge la pregunta ¿Por qué no se cambia? ¿Cuáles son las razones? No hay respuesta racional; si los responsables últimos de la vida de quienes han perdido la salud y también de quienes gozan de ella, esto es, los médicos, manifiestan en todas formas y desde hace dos décadas, lo inviable del sistema; si los pacientes se manifiestan a través de cualquier medio; si los altos poderes constitucionales periódicamente analizan y llaman la atención al estado sobre el incumplimiento de los mandatos constitucionales; si la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y aún la Fiscalía se pronuncian, cada ente en el ámbito de sus responsabilidades, sobre una variedad de irregularidades y delitos; si la Organización Panamericana de la Salud ha manifestado sus dudas sobre el sistema, ¿por qué no se cambia?

Se podría aventurar alguna hipótesis de la negativa tozuda a cambiar el sistema de salud; una de ellas es que hace parte de la doctrina neoliberal de la privatización y si el país tiene un modelo económico de desarrollo neoliberal, pues así el sistema de salud esté colapsado, por ortodoxia, no se puede cambiar; sería una herejía frente al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Universidad de Harvard, inspiradores de la Ley 100. Otra hipótesis, más realidad que hipótesis, es que los actores más poderosos del sistema, que no son en ningún caso los pacientes, sus familiares, los médicos o los trabajadores de la salud, derivan grandes ganancias del sistema; al fin y al cabo estos actores se plantean ¿luego en nuestro Estado colombiano, la salud no es un comercio amparado por la Ley 100? Nosotros somos empresa privada y jugamos con las leyes del mercado; un mercado que vale anualmente ocho mil millones de dólares; y una hipótesis final: por este mercado vienen las grandes trasnacionales de la salud amparadas por el TLC.