Uno de los retos más importantes de la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo está relacionado con la necesidad de organizar de forma adecuada el territorio, para adaptar la ciudad a los embates del cambio climático y, como el mismo alcalde lo ha manifestado, organizar la ciudad en torno al agua, lo cual implica una importante apuesta socio-ambiental. El fenómeno de El Niño, padecido en la actualidad, nos recuerda la fragilidad de Ibagué y del departamento del Tolima ante variaciones significativas de la temperatura y en general ante cambios en las condiciones ambientales. Además de ello, la organización del territorio debe cumplir la función de proveer una oferta adecuada de espacio público. Lo anterior no es un asunto menor, toda vez que éste juega un papel destacado en la lucha contra la segregación espacial, la exclusión material y simbólica de los sectores populares y, en última instancia, favorece el desarrollo del derecho a la ciudad.
Por esta razón, resulta preocupante que la oferta de espacios recreativos y lúdicos esté siendo asumida principalmente por la vía del mercado, ya sea con la infraestructura que es provista por los proyectos inmobiliarios de los conjuntos cerrados -destinados por obvias razones solo a los habitantes de los conjuntos- o con el auge de las denominadas “canchas sintéticas”, cuyo disfrute depende de la capacidad de pago. Para aquellos habitantes que están por fuera de las posibilidades de comprar o arrendar viviendas en estos conjuntos, o aquellos jóvenes de escasos recursos que no pueden asumir el costo de alquiler de las canchas, las soluciones ligadas a la capacidad de pago no los cobijan.
Así las cosas, la preocupación por una oferta adecuada en términos de cantidad y calidad de espacios públicos, resulta central en la discusión sobre la construcción de una ciudad justa. En efecto, al revisar los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana del año 2015, encontramos que apenas el 22% de los ibaguereños se sienten satisfechos con el espacio público de la ciudad, lo cual implica un llamado a las autoridades locales, pues urge crear un mecanismo que permita recuperar y mantener en condiciones óptimas las zonas verdes, parques recreativos, etc.
Pero recuperar el espacio público del que dispone en la actualidad la ciudad no es suficiente, pues Ibagué no tiene solo problemas de calidad sino de cantidad de espacio: en la ciudad apenas tenemos 1.36 metros cuadrados de espacio público, cuando la OMS señala que el valor mínimo debería estar en 15 metros cuadrados. Es decir, la capital musical de Colombia cuenta con el 9% del espacio público mínimo requerido para garantizar condiciones que favorezcan la salud y el bienestar de sus habitantes.
Por las razones anteriores, creemos inconveniente lo estipulado en el decreto 823 del año anterior con el cual se adoptó el POT de la ciudad, en el que la administración del entonces alcalde Luis H. Rodríguez redujo las áreas de cesión y zonas verdes a 6%, así como la política de pagos o compensaciones monetarias por zonas de cesión, pues van en contravía de la necesidad de incrementar la oferta de espacio público que garantice el acceso a actividades recreativas y lúdicas a los sectores populares y el fomento al encuentro cultural y social entre ciudadanos de diversas condiciones socio-económicas.
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