El Presidente Juan Manuel Santos fue claro en su alocución, reclama responsabilidad ante la llegada de estas empresas y pide que la población se capacite con foros y "procesos de discusión" alrededor de este nuevo fenómeno, actividades en las que es necesario que altos funcionarios, expertos, ambientalistas, administradores y legisladores estemos presentes, fijemos posiciones, expongamos argumentos y así nos permitan a todos, entender la complejidad de la llegada de la denominada "Gran minería".

Precisamente, es en estos espacios donde todos debemos cuestionar, investigar, participar de los procesos de capacitación, para entender por qué es importante darle prioridad a los recursos naturales antes que a los posibles recursos económicos, para conocer además, por qué es prioritario entender los cambios sociales a los que la figura mal llamada, "locomotora minera" expone principalmente a las comunidades a las que llega.

La preocupación por el cambio que se nos avecina es legítima. Además de las posibles afectaciones a nuestros ecosistemas, también la población vivirá un cambio abrupto en la calidad de vida, eso es necesario tenerlo en cuenta y sumarlo a nuestro discurso. Cómo no van a estar preocupados los habitantes de Doima, quienes hace mes y medio pagaban cien mil pesos por sus arriendos y ahora los arrendatarios cobran no menos de 500 mil pesos porque la empresa minera paga eso por las casas que toma.

Deslumbrarse por el oro y por la riqueza momentánea, trae sus consecuencias, además de arrasar bosques, contaminar nacimientos de agua, maltratar la biodiversidad, cambiar mentalidades, sociedades, costos, entornos, transforma nuestra calidad de vida.

No en vano, más de 350 habitantes de Doima manifiestan su preocupación. Ya están viviendo en carne propia el cambio. Cajamarca e Ibagué no se quedan atrás. Grupos organizados han elevado su voz de protesta por lo que ven en sus calles, por lo que perciben al interior de su comunidad.

Vale la pena anotar, también, el interés que demuestra este Gobierno por ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de cuya organización espera su invitación. Esta resalta que es necesario definir las reglas de responsabilidad en las cadenas de aprovisionamientos de minerales en áreas de conflicto y de alto riesgo. Con esto se busca que las compañías del sector minero antepongan los derechos humanos, apoyen la paz y el desarrollo, fomentando la cooperación a gran escala con las comunidades locales en las que laboran, pero también anota la necesidad de incrementar los aranceles de haber explotaciones, tema que tendremos que evaluar desde el Congreso.

El próximo 22 de febrero, en exactamente 14 días, desde las 8 am en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo, Cortolima, abrirá nuevamente las posibilidades de discusión en una mesa Ambiental sobre Megaminería en el que volveremos a estar reunidos todos, ahí debe quedar claro, que la Responsabilidad Social no es sólo la que pueda pagar la compañía, la responsabilidad social debe ser la que todos ejerzamos siendo conscientes de lo que realmente se nos viene.