Éste es el más fuerte episodio de desastre natural afrontado por Colombia y el cual, pese al tiempo transcurrido, es recordado con nostalgia, con tristeza y con coraje debido a la indiferencia, la desidia, la falta de compromiso de todos los gobiernos de turno: son casi tres décadas de recuerdos confundidos entre el lodo que sumió la ‘Ciudad blanca’ del norte del Tolima, sin que aparezca ese alfarero que quiera moldear de nuevo su greda, ese alguien que retome y haga suyas las palabras de Omaira Sánchez cuando estaba en el umbral de la muerte: “yo vivo porque tengo que vivir”, como metáfora de dignidad para todo un pueblo. Ante ese vacío y adeudo histórico hay un hálito de esperanza, y es la voluntad del legislador vertida en la Ley 1632 del 28 de mayo 2013 “por medio de la cual se rinde honores a la desaparecida ciudad de Armero (Tolima), y se dictan otras disposiciones”, por cuanto allí se reconoce y visibiliza la situación de una realidad que ha sido silenciada, de una tragedia que no se olvida y que aún duele. Con este mandato legal se otorga facultades y se impone responsabilidades para la ejecución de obras, programas y proyectos, entre ellas: se prevé que el Gobierno nacional procederá, con la asistencia técnica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a alinderar el terreno urbano y consagra acciones precisas tendientes: al registro único de propietarios urbanos, a la restitución jurídica y nacionalización de predios, a la declaración como Patrimonio Cultural de la Nación y gestión ante la Unesco del reconocimiento de Armero como región histórica y patrimonio de la humanidad; a la construcción del parque Nacional Temático “Jardín de la Vida” como una nueva alternativa de desarrollo para el norte del Tolima; a la conservación, restauración, mantenimiento y protección de las ruinas. Igualmente prevé, entre muchas otras disposiciones de igual trascendencia, medidas que promueven la formación, capacitación, asistencia técnica y asesoría especializada, para la formalización y generación de empleo en Armero Guayabal; amplía las posibilidades de inserción social y laboral de las mujeres cabeza de familia y de los (las) jóvenes bachilleres del municipio de Armero Guayabal; así mismo establece que el Gobierno deberá elaborar un documento Conpes que contendrá el plan de ejecución de metas, el presupuesto, las medidas que servirán para garantizar el cumplimiento integral y aseguren la sostenibilidad fiscal en la realización, la continuidad y progresividad de estas mismas obras, programas y proyectos, determinando anualmente la destinación, mecanismos de transferencia y ejecución de los recursos que se apropien en cada vigencia fiscal. En la Ley 1632 del 28 de mayo 2013, hay una respuesta clara, precisa y contundente del camino a seguir para que Armero no muera de nuevo. La implementación y ejecución de las medidas allí adoptadas evitará de plano que el terreno de Armero siga siendo espacio de profanación y prácticas satánicas; acabará con el ambiente desolador y registro dantesco que se expandió en toda su atmósfera.