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Los gobernadores, y sobre todo los alcaldes, son los que tienen que enfrentar directamente el hambre, el desespero, la indisciplina y los reclamos de la población, además de tener la responsabilidad directa sobre los sistemas de salud y educación. Todo ello les impone gastos adicionales que, si bien no son de la magnitud de los del Gobierno Nacional, si afectan sus maltrechas tesorerías.
El impacto más grave ha sido sobre sus ingresos, tanto tributarios como no tributarios, que han caído de manera significativa. Además de las transferencias de la Nación y las regalías, los departamentos dependen de los impuestos al vicio (licores y cigarrillos), al registro y a vehículos, mientras que los municipios los más importantes son el predial, el ICA y las sobretasas a la gasolina. Todos ellos están disminuyendo en su causación o en su recaudo.
La Federación Nacional de Departamentos (FND) ha estimado que en abril los ingresos departamentales en promedio cayeron $290.000 millones, es decir el 45% frente al mismo mes del año pasado, siendo los más afectados el de vehículos (-90%) y el de Registro (-71%), mientras que el de licores “solo” ha caído 32%. Con la caída del recaudo del IVA a nivel nacional y de los ingresos petroleros, también habrá una reducción en las transferencias de la Nación.
No se conocen todavía datos de los municipios, parece que el gremio que los agrupa está dedicado a otros menesteres, pero la Dirección de Apoyo Fiscal del ministerio de Hacienda (DAF) ya montó un modelo para cuantificar el impacto económico del COVID-19 sobre los entes territoriales y está recolectando la información.
En relación a la pandemia, los departamentos y municipios están en una situación peor que las empresas, en la medida en que han visto reducir sus ingresos pero están manteniendo sus plantas de personal y además han tenido que incrementar sus gastos. En este sentido deberían tener apoyos similares a los que han recibido las empresas del gobierno nacional.
En primer lugar, para mantener el empleo en estas entidades deben tener acceso al programa de apoyo al empleo formal (PAEF) y recibir el 40% del salario mínimo para cada uno de sus empleados. Si se ha abierto esta posibilidad para todas las personas jurídicas, no hay razón para que los entes territoriales que han tenido una caída mayor al 20% en sus ingresos no reciban este apoyo.
En segundo lugar hay que ofrecerles nuevas alternativas de endeudamiento en condiciones preferenciales. Para no ser tachado de populista irresponsable no voy a proponer que se haga lo de Estados Unidos donde el banco central va a comprar miles de millones de dólares de bonos municipales, sino tan solo que se les ofrezca a los entes territoriales las mismas ayudas que se han dado al sector privado.
En este caso serían líneas de crédito de Findeter con tasas subsidiadas y garantías del gobierno nacional, hasta del 90%, para préstamos de los bancos comerciales. Además, que se les permita endeudarse con sus propios recursos que tienen en el Fonpet, como ya lo hizo el mismo gobierno.
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