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Es por tanto una forma de engañar, pero esta vez no lo lograron. Todo lo contrario, sirvió para que la gente se rebelara, cuando sus organizaciones o los especialistas explicaron que mantendría la feria de privilegios y exenciones para, entre otros, hoteles, empresas de zonas francas, etc., y gravaba a los consumidores, que eran las personas naturales las que pagarían 17 billones por impuesto de renta, que gravaría muchos de los productos de la canasta familiar, de los servicios públicos, que aumentaría los costos de la producción de alimentos, etc. Por ello, esta vez era muy difícil que la gente creyera y por eso al gobierno, y sobre todo a su Ministro de Hacienda, le salió el tiro por la culata, pues ni siquiera las funciones simbólicas se cumplieron.
Las funciones simbólicas, además de con el nombre de una ley, se cumplen con su Exposición de motivos, y también en estos era evidente el engaño: el gobierno declaró que el proyecto de reforma tributaria tenía como objetivo principal corregir problemáticas de la estructura económica, la formalidad, buscaría la equidad y eficiencia de aquel régimen, etc. Pero no solo eso, sino también el mejoramiento de las condiciones de vida de la población colombiana, incrementaría su poder adquisitivo, en fin, que buscaba satisfacer los objetivos del Estado Social de Derecho. Con el proyecto frustrado se prometía conseguir los mismos objetivos de la ley anterior (de 2018) que dizque había contribuido positivamente al desempeño de la economía, destinando un 70% a la inversión social e infraestructura (educación, subsidios, familias en acción, vías terciarias, entre otros), garantizado el aseguramiento en salud de la población colombiana; en fin, el gobierno quiso convencernos de que el nuevo proyecto de 2021 repetiría los resultados supuestamente positivos de la Ley de Financiamiento de 2018 pero que se habrían frustrado por orden de la Corte Constitucional.
Para el gobierno el desempeño de la economía colombiana se había dinamizado como consecuencia de las medidas establecidas en esta ley de 2018 que pensaba reemplazar, jactándose de haber tenido un crecimiento económico superior al de otros países latinoamericanos, gracias, supuestamente, a la disminución de la carga tributaria empresarial que habría permitido consolidar la llamada “confianza inversionista”. Demagógicamente sostenía el nuevo pero frustrado proyecto que se continuaría robusteciendo el ingreso y gasto público para afrontar las necesidades sociales, porque dizque 5,1 millones de colombianos habían salido de la pobreza extrema y 10,9 millones de colombianos habrían salido de la pobreza monetaria e ingresado a la clase media, gracias al régimen tributario, que estuvo rigiendo por casi 3 años.
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