Una de las tareas prioritarias de los gobernantes territoriales recién elegidos, incluidos los del Eje Cafetero, será cumplir las órdenes de la Corte Constitucional en el sentido de recuperar Estaciones y Sub Estaciones de la Policía y URIS de la Fiscalía General al orden de los derechos humanos, pues éstos Centros fueron encontrados en 2022 fuera del ordenamiento legal y constitucional, por lo que se les extendió el “estado de anormalidad” que desde 1998 fue encontrado en nuestras cárceles nacionales y regionales sin que los gobiernos sucesivos hayan corregido la situación.

Simplificando, en materia de política criminal -en época de crisis económica- los gobiernos optan entre extender la intervención penal para calmar los sentimientos de inseguridad (estilo Trump o Duque y su ley de seguridad ciudadana) o reducir la política punitiva y la pena de prisión para afrontar con otras políticas la criminalidad.

Los profesores de Política Criminal y de Constitucional encontramos muy apropiadas las prácticas de políticos como Trump o de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López para explicar el “arte de gobernar manipulando el miedo al delito” o populismo punitivo.

Casi todos los gobiernos son conscientes del fracaso de la actual política antidrogas.

El prejuicio sobre los abogados no es original de Colombia: ya el caricaturista político francés Daumier, en 1.800 había extendido la imagen crítica de estos profesionales por virtud de una de sus series famosas, “Les Gens de Justice” (La gente de la justicia) en la que los presenta en escenas donde un abogado se auto elogia en un aviso de periódico pagado por el mismo, o cuando le pide a su colega que lo replique para luego hacer él lo propio y así cobrar más honorarios, etc. Igualmente es de EE. UU. la imagen negativa del abogado de Trump, Giuliani, procesado por inventar actos fraudulentos en las elecciones de dicho país. Hoy “abogado del diablo” significa defender una posición en la que no se cree, aunque el origen es religioso (finales de 1.500), pues la iglesia pagaba a uno de ellos para objetar las canonizaciones que ella misma proponía.

Cuando se discutió la reforma sobre “equilibrio de poderes” (2015) voces autorizadas como Néstor Osuna o Diego López denunciaron intereses políticos para eliminar el Consejo Superior de la Judicatura; el llamado “test de sustitución” no se hizo, o si no, se hubiese respetado la voluntad del Constituyente de crear el Consejo citado con las dos Salas, la Jurisdiccional y la Administrativa, como existe en otros países como Francia, España o Italia, modelos tomados por el Constituyente primario; por eso con razón tantos criticaron que citar el mencionado “test” fue solo un pretexto para asumir competencia en el estudio del contenido material de la reforma. 

Los resultados de la política criminal del gobierno anterior no se pueden ocultar: por ejemplo, según estadísticas de la Policía nacional mientras en 2020 se registraron 656 muertes violentas, en 2021 ellas ascendieron a 791; mientras en 2020 se registraron 82.013 hurtos de celulares, en 2021 ellos ascendieron a 96.842; las cárceles continuaron en “estado de cosas inconstitucional” y así sucesivamente. Ahora el nuevo Ministro de Justicia, Néstor Osuna, ha propuesto reorientar dicha política respecto de la criminalidad contra la propiedad, pues solo ha servido para poner a reventar las cárceles por hacinamiento, de tal manera que desde 1998 siguen en el estado de cosas indicado, es decir, de violación de derechos humanos de los prisioneros, tal como estos violan los derechos de las víctimas de los delitos. Como sabrá el lector, en nuestro país la negociación de la justicia penal a cambio de colaboración con ella existe desde 1993 para delitos mucho más graves que los señalados por el nuevo ministro. 

Parodiando el Bunde tolimense, con el título podría definirse la trayectoria del designado Embajador colombiano ante la Comunidad de Naciones americanas, pues la defensa de los derechos humanos de los desprotegidos ha sido la marca del humanista tolimense Luis Ernesto Vargas Silva, desde su cargo de juez de un pueblo humilde, pasando por la presidencia de la Corte Constitucional hasta su distinción como juez, en nombre de Colombia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.Qué diferencia entre llegar a Embajador de la OEA con “rabo de paja” como lo hizo el destituido Procurador (Consejo de Estado) al cual debe reemplazar el nuevo diplomático y hacerlo con “cocuyos en la frente” como canta el mencionado Bunde.

Recién inaugurado el nuevo Eje cafetero (diciembre 2020) con Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, celebrábamos la declaratoria del Parque de los Nevados –ubicado en ésta nueva Región Administrativa- como sujeto de derechos por ser una entidad viviente compuesta por diversas formas de vida. Pero al mismo tiempo señalábamos la paradoja de que fuera un Tribunal Superior como el del Tolima, -obedeciendo a la Corte Suprema-, el que tuviera que ordenar a los gobernantes que respetaran sus propias leyes, pues estos órganos de justicia habían verificado la grave situación de deterioro, la expansión de la frontera agrícola, la minería ilegal en su territorio, etc.