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Era de esperar que ante la falta de intervención oportuna del Estado a conjurar la crisis que está dejando la pandemia entre los sectores socialmente más vulnerables, los delitos reconstruidos socialmente como las más peligrosos (los de violencia directa) ocupen los espacios noticiosos y la ciudadanía pida respuestas inmediatas. Ante esta clase de emergencia, los delitos contra el patrimonio, con violencia de por medio o no, (dinero, celulares y bienes de primera necesidad) son los que siempre aparecen en alza en las estadísticas de la Policía: en efecto, de enero a agosto de 2021 aparecen 53.087 hurtos oficialmente registrados, mientras en el mismo período de 2021, la cantidad fue de 65.207. Imposible negar la relación directa de este fenómeno con el aumento de los niveles de miseria y pobreza monetaria presentados por el DANE; incluso el director nacional de la Policía lo llama “crimen de supervivencia”, cuando se recurre al delito “como una alternativa para obtener dividendos económicos que suplen la precariedad y necesidad”.
Pero las estadísticas son manipuladas para hacer buen balance de la gestión propia: el mismo director de la Policía sostiene que el Plan de intervención en Bogotá muestra resultados satisfactorios con más operaciones, más capturas(2.540), etc., gracias a lo cual el hurto a personas y al comercio habría comenzado a reducirse; pero como, los asaltos sí han aumentado, ello se debería a un “reacomodamiento del delito en un escenario pos pandemia”, no obstante el aumento de presencia policiva en 2020 de 13.922 a 17.527 en 2021. La misma posición asume la Alcaldesa de la capital: vive pregonando que, gracias a su gestión, hurtos y homicidios se habrían reducido y con la xenofobia que la ha caracterizado atribuye el sentimiento de inseguridad a la presencia de extranjeros, desconociendo que según las estadísticas ellos solamente están presentes en cerca del 10% de los hechos; y lo hace queriendo copiar a Giuliani ex alcalde New York y luego asesor de Trump: Claudia López lo vive invocando en sus análisis sobre la inseguridad, estando suspendido como Abogado por mentirle a las Cortes sobre los hechos en que salió derrotado su cliente en 2020.
Inconsecuentes en sus argumentaciones pero defensores del populismo punitivo que ahora impulsa el gobierno proponiendo más de los mismo: aumentar las penas para reincidentes, o para autores de violencia contra servidor público cuando la víctima sea miembro de la Fuerza Pública, restricción de la discrecionalidad del juez para medidas restrictivas de la libertad, patrullaje militar para disminuir la sensación de insegurid, etc., medidas todas que contradicen la exigencia de nuestro tribunal constitucional sobre “último recurso” de las amenazas punitivas. ¿Cuál inclusión productiva de nacionales y extranjeros, que garantice seguridad alimentaria, para cumplir esta exigencia constitucional? ¿Para qué un Estatuto de protección para inmigrantes venezolanos sin su inclusión en el mundo laboral y sanitario? ¿Es la justicia la culpable de la incapacidad del Ejecutivo nacional y local?
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