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Las leyes de Seguridad Ciudadana de nuestros gobiernos se caracterizan precisamente por no atender los postulados de las ciencias penales: solo buscan crear la sensación de que se está combatiendo la criminalidad; no van precedidas de estudios sobre las causas del problema que prometen erradicar, ni importa si las mismas fórmulas aplicadas anteriormente han fracasado. La ley de Seguridad Ciudadana que acaba de ser aprobada evidencia el desespero, después de derrota tras derrota constitucional de las propuestas populistas punitivas (cadena perpetua, por ej.) del gobierno actual; se presentó como anticipo vergonzante a los resultados que se venían venir de la investigación hecha por la Relatoría de la ONU y del PNUD sobre la actuación de la policía en las protestas sociales del año anterior (llamada por estos organismos internacionales “masacre policial”).
En lugar de dar respuestas a la crisis que generó el reciente estallido social, se responde con una ley represiva que lo criminaliza: la política penal y la justicia privada sustituirán la política social. Se restringe el concepto de inseguridad a la afectación de bienes y derechos que puede resultar de las protestas sociales; no incluye por ej. la amenaza a derechos de quienes padecen inseguridad alimentaria en la que, según la Cámara de la Industria de Alimentos ANDI, se encontraba el 54% de la población colombiana para 2021, ni la engendrada por la violencia estructural que según el Grupo Banco Mundial caracteriza a Latinoamérica: altos niveles de pobreza y desigualdad, empeorada con la pandemia del coronavirus. En efecto, según este organismo en 2020 cayeron en pobreza extrema otros 19 millones de personas, alcanzando ahora la cifra de 270 millones, así como 82 millones de desplazados forzados por miseria o conflictos regionales. En este contexto, Colombia aumentó de 35,7 % de la población en situación de pobreza para 2019, a 42,5% en 2021; 2,8 millones entraron en pobreza extrema es decir ingresos de sólo 145.000 pesos (36 dólares) por mes, aumentando la cifra de 9,6 millones de personas en 2019 a 15,1% en 2020. Cuatro de cada 10 colombianos conforman hogares con ingresos per cápita inferiores a la línea de pobreza que para 2020 se estimaba en cerca de 332.000 pesos (83 dólares).
La ley de Seguridad Ciudadana recién aprobada nos recuerda el Estatuto de Seguridad del régimen de Turbay, del que fue ministro el padre del actual presidente; se caracteriza entonces por lo mismo de siempre: aumentar las penas, crear delitos nuevos, agravar la responsabilidad frente a delitos callejeros, y ahora institucionalizar y fomentar la justicia privada con una especie de pena de muerte, autorizando la reacción desproporcionada contra jaladores de carros o contra intrusos en el hogar. La nueva ley, por el contrario, nada propuso frente a delitos de cuello blanco (corrupción), a la criminalidad organizada, el narcotráfico, o a la masacre de líderes sociales. En lugar de constitucionalizar las cárceles como lo ha ordenado tantas veces la Corte constitucional, se dio un gran paso hacia la privatización del sistema carcelario, autorizando a los entes territoriales contratar con privados la vigilancia y seguridad de las prisiones; en fin, se regresa al peligrosismo del siglo pasado, agravando la culpabilidad por reincidencia, o uso de capuchas; frente al estallido social el gobierno prefirió lavarse las manos, huyendo hacia la privatización de la justicia y la política punitiva.
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