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Si bien la medida de aislamiento obligatorio frena el ciclo de expansión del Covid-19, es evidente que dicho retraso se constituye en el tiempo necesario y suficiente que tiene el Estado y las instituciones hospitalarias en alistarse en términos de bioseguridad para recibir y atender pacientes víctimas del virus. Asimismo se requieren las garantías para que los demás pacientes que padecen otras patologías igualmente cuenten con la asistencia, tratamiento o intervenciones, según sea el caso.
En este orden de ideas, es prioritario que tanto el Gobierno nacional, como las EPS y las IPS, después de 25 días de expedir la Emergencia Económica, Social y Ecológica, tengan listos unos estrictos protocolos y establecidos los centros médicos perfectamente adecuados para quienes requieran atención especializada tanto en los casos de hospitalización como en Unidades de Cuidados Intensivos.
Nada más peligroso que se mezclen estos pacientes con los de otras patologías y también reviste mayor contrariedad que el personal médico termine dando asistencia al mismo tiempo a pacientes con coronavirus y otras enfermedades.
En este escenario, los recursos que destinará el Gobierno nacional para atender la epidemia, no solo deben tener una vigilancia absoluta, sino que debe delegarse a la Superintendencia o algún organismo con capacidad de intervención para que efectivamente estos sean usados de forma prioritaria en mejorar los diagnósticos, adquisición de equipos, adecuar las UCI y camillas de urgencias, así como a garantizar los salarios del personal de salud que está enfrentando directamente la emergencia.
Esperamos que en este ejercicio, las Aseguradoras de Riesgos Profesionales, tan proactivas dando clases de prevención de accidentes laborales en las empresas, hagan uso de los millonarios recursos que administran y garanticen que los médicos y enfermeras que atienden pacientes con Covid-19 cuenten con los trajes, mascarillas y tapabocas especializados.
En definitiva es evidente que hace falta una mayor articulación en todo el sistema de salud público y privado en el país. La red privada se queja de que ha recibido muy poca ayuda, en estos momentos de emergencia. En cuanto al régimen contributivo, genera zozobra el hecho que la EPS con mayor influencia y afiliados como Medimás tenga hoy problemas de liquidez tan graves que se estaba hablando antes de la pandemia de su intervención definitiva y/o liquidación.
¿Qué garantía tienen los afiliados de Medimás para que sean atendidos por Covid-19? ¿Pueden las otras empresas como Nueva EPS, Coomeva, Salud Total o Sanitas cargar con el peso de todo el sistema? ¿El régimen subsidiado tiene listos los mecanismos financieros para garantizar la atención a sus afiliados en esta crisis sanitaria?
Además en este escenario, si las EPS públicas y privadas no les cancelan a las IPS, el tema de atención puede hacerse más complejo. Así las cosas, la Ley de Punto Final debe garantizar que estos millonarios recursos no se queden trancados en las promotoras, sino que efectivamente lleguen hasta las clínicas y hospitales privados y públicos de primer, segundo, tercero y cuarto nivel (alta complejidad), que son los que prestan la atención directamente a los usuarios y tienen en el terreno que lidiar con la emergencia en salud del país.
Es muy preocupante que a estas alturas algunas EPS hayan congelado algunos de sus servicios, enviado sus trabajadores para la casa y que ni siquiera consultas prioritarias atiendan. También lo es que los hospitales de los municipios no hayan recibido la suficiente capacitación para atender pacientes por coronavirus y más catastrófico sería que muchas instituciones privadas terminen cerrando su atención al público ante la imposibilidad de atender una emergencia de esta naturaleza por falta de recursos económicos y sanitarios.
En los municipios no hay médicos, camilleros ni auxiliares de enfermería con la protección adecuada para asumir una urgencia de este tipo. En estas condiciones, si el virus acelerara su capacidad de expansión estaríamos frente a una catástrofe parecida a la de España o Italia. Que la muerte infortunada de estos médicos no sea en vano y el sistema de salud articule verdaderamente su capacidad de intervención.
Desde el Congreso seguimos trabajando y legislando para garantizar que esa articulación sea prioritaria en medio de esta emergencia en donde está de por medio la vida de todos los colombianos.
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