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Como ponente del texto reconozco la buena voluntad del gobierno y la mayoría de los partidos para corregir la reforma de 2012 (ley 1530) y avanzar en un justo equilibrio frente a las urgencias que tiene el país en materia de infraestructura e inversión, mucho más cuando actualmente todos los estamentos públicos y privados han sido golpeados por la crisis sanitaria derivada del Covid-19. El debate legislativo ha tenido altura técnica y política, a pesar de algunas argumentaciones que rayan en un malsano populismo.
Sin duda, este proyecto de ley es un avance en la descentralización y recupera la autonomía de las regiones, los municipios y departamentos, además interpreta las necesidades de los colombianos. En ese sentido se eliminaron más de 1.100 Ocad y quedan ocho mucho más operativos y prácticos.
Con esto se reducen los trámites y los gastos de funcionamiento a un 3.5 por ciento, con lo que se espera haya más eficiencia en la aprobación y ejecución de los proyectos. Un paso importante es el fortalecimiento del ítem Ciencia y Tecnología, que se estabiliza en un 10 por ciento, para seguir reduciendo la brecha digital.
Definitiva, por ejemplo, resulta la destinación del 1 por ciento a la conservación del medio ambiente. Aunque para muchos debería ser mayor el aporte, este es un gran paso para comenzar a garantizar la sostenibilidad ambiental a partir de un rubro definido. También el proceso de paz y su incidencia real en las comunidades contará con el 7 por ciento de los recursos, lo que se constituye en una prenda de garantía para seguir avanzando en el cumplimiento del acuerdo y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet.
No obstante, queda fortalecido y protegido el Fondo de Ahorro y Estabilización, cuyos excedentes serán estratégicos dentro del proceso de reactivación económica en medio de la pandemia, destinados principalmente a los municipios más pobres, proyectos ambientales y emprendimiento.
Si bien el 34 por ciento de los recursos están enfocados a la inversión regional se garantiza la atención de los entes territoriales categorías Quinta y Sexta, al igual que poblaciones indígenas, afrodescendientes y minorías étnicas. Habrá una compensación para los territorios más marginados y con mayores dificultades presupuestales para que puedan contar con inversiones públicas.
Las prioridades del nuevo esquema de reactivación regional estarán centradas en vías terciarias, electrificación rural, agricultura, conectividad, agua potable y saneamiento básico. El propósito es contrarrestar las brechas de desigualdad y reducir el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).
En este escenario es importante que alcaldes y gobernadores apunten igualmente a procesos y obras relacionadas específicamente con la generación de puestos de trabajo y apoyo al tejido productivo y empresarial frente a la epidemia por coronavirus.
El sistema de regalías queda fortalecido y en contraste con años anteriores en esta ocasión se ha querido avanzar en una distribución más equitativa y ajustada a los requerimientos de los entes territoriales. Por último, consolida el control disciplinario y abre la puerta para una veraz y efectiva participación ciudadana.
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