El miércoles 5 de junio se realizó la Quinta Marcha Carnaval en defensa de agua, vida y territorio. Manifestación con algunas consignas en contra de la “loco motora” minera de Santos y cuantiosas contra la empresa Anglogold. 

Fue un desfile musical y festivo, en el cual cada grupo al llegar frente a las oficinas de la Multinacional, arreciaba la gritería. Desafortunadamente, un desadaptado participante quiso perjudicar al edificio. 

Sí, es un desadaptado, porque los colombianos gozamos de libertades intelectuales y sociales tanto de opinión, expresión, información telecomunicación y asociación, como también, de derecho de reunión para manifestar pacífica y públicamente situaciones con las que discordamos.  

Sin embargo, el derecho sólo se garantiza mientras se realice dentro del marco legal. Y, dañar una propiedad es ilícito, agregando que empaña la alegría y pacifismo que ha caracterizado estas marchas. 

Igualmente, la protesta más que hacia una empresa cuyo negocio es recabar oro en donde idiotas útiles lo permitan, se debe enfocar en contra del Presidente Santos que, cual dictador Maduro y, creyendo gobernar Venezuela, con Decreto 943/13 centralizó el manejo de recursos naturales en la autoridad nacional.  

De esta forma, fácilmente, otorgará licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, legalizando el saqueo minero en todo el territorio colombiano.  

Nuestro “venezonalizado” Presidente, nos lleva al galope hacia el fascismo chavista. Pues para poner en marchar su execrable trencito minero, con autoritarismo desechó opinión de ciudadanos y autoridades regionales, seccionales y locales. Ignoró también, la autonomía de distritos y municipios, porque en su aberrante Decreto desconoció los distintos Planes de Ordenamiento Territorial prohibiendo que, en forma permanente o transitoria, se excluyera cualquier territorio de movimientos mineros.

Así, en vez de aportar progreso, Santos impone políticas mineras obligadas, que lo facultan para instalar un perverso convoy que contaminará y destruirá áreas protegidas y ecosistemas. Por ende, producirá nocivos e irreversibles daños ambientales, culturales, económicos y sociales.  

Sin ninguna duda sucederá, si el año entrante Colombia reelige a este siniestro maquinista que está entregando a las multinacionales, el control de nuestros recursos naturales.  

Por eso no podemos seguir siendo individualistas, no miremos la catástrofe como tema que no nos atañe. No seamos inmóviles avestruces mientras van desapareciendo nuestros derechos colectivos. No seamos cómplices de un Gobierno que vende nuestros recursos naturales a empresas mineras, que dejarán nuestras tierras  convertidas en arenales y sumidas en más pobreza, miseria y desesperanza.  

Entonces, continuemos las marchas, pero en contra de la reelección de Santos y, para exigir con tenacidad e inteligencia una Colombia más civilizada con desarrollo incluyente y sostenible.  

Porque los derechos y bienes comunes como agua paisaje, aire y vida, no son mercancía para vender ni comprar. Y, porque es obligatorio adquirir conciencia del presente para poder apropiarnos de nuestro futuro.