Entre ello, exigir que respeten el suelo de su territorio y a decidir que no se arruinen sus ecosistemas, especialmente los acuáticos porque son fuente insustituible de vida e irrenunciable herencia de la humanidad. 

Y, no podría ser distinto, porque nuestra Constitución, en su Artículo 1o. dice que somos “un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa […] y con prevalencia del interés general”. 

Y, en su Artículo 2o. reza que debe […] “facilitar la participación de todos en las  decisiones que los afectan” […] 

Y, en su Artículo 3o. afirma que […] “la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, […]”. 

Por ende, el pueblo es soberano, así el Presidente Santos quiera emular los absolutistas venezolanos imponiendo, a fuerza, un perverso convoy que ocasiona contaminación, perjudica la disponibilidad acuífera, lesiona áreas protegidas y produce nocivos e irreversibles impactos ambientales. Así, Minminas expida decretos impidiendo que ciudades y municipios prohíban la explotación minera. Así el Procurador, favoreciendo la Multinacional, vocifere que el Alcalde de Piedras no tiene competencia para prohibir la minería en su territorio y, que si la excluyese con acto administrativo incurriría en extralimitación de funciones.

Qué sigue. Sin dejarnos intimidar de Presidente, Ministro, Procurador o quien se atraviese y, para detener la actitud abusiva e inconstitucional con la que viene actuando el Gobierno nacional frente al tema minero, se tiene que continuar la tarea y, en las urnas expresar que NO queremos empresas mineras en Cajamarca, ni en ningún otro punto del suelo tolimense. Para reafirmar la decisión, sociedad civil, empresa privada, gremios económicos y entes gubernamentales locales y seccionales, tienen que hacer frente común para realizar una consulta popular en todo el Tolima. 

Tenemos que hacer la consulta, porque lo sucedió en Piedras es trascendental: se defendió la soberanía y el futuro ambiental. Igualmente, es trascendental porque de 50 millones de colombianos, dos mil 971 habitantes de un pequeño y anónimo municipio tolimense, dijeron NO a la lesiva locomotora minera del presidente Santos. 

Y, hoy constitucionalmente, la soberanía de Piedras está por encima de cualquier Ley, Decreto o Resolución dictadas por el Gobierno nacional, porque las manifestaciones de los ciudadanos realizadas a través de consultas populares, son de obligatorio y estricto cumplimiento.