La preservación del Estado de derecho, el imperio de la ley y el principio de legalidad de la administración pública son piezas claves sobre las cuales se construye la sociedad democrática y civilizada.

Hechos: el Gobierno quiere legalizar los cultivos de coca de hasta diez hectáreas; los narcos pagan un millón de dólares para ingresar a la “paz total” de Petro; la disminución acelerada de las operaciones militares y policiales en todo el país, en especial pero no exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico; la presencia armada de las Farc en Yarumal.

En la columna pasada se mostró no solo que Colombia no produce hoy suficiente energía para exportar (menos aún “energías limpias”) sino que incluso hay riesgo de que haya racionamientos. No será por ahí que se pueda “sustituir la matriz de exportaciones” basada en hidrocarburos y carbón.

La MinMinas reiteró en el Foro Económico Mundial que “no van a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo”.

El anuncio de un acuerdo de cese del fuego bilateral con el Eln y otros cuatro grupos criminales es prueba inequívoca de la chambonería general con que gobierna la izquierda. Pero amerita unas reflexiones adicionales.

Chambón, incoherente, poco serio, mediocre cuando no francamente malo, es este gobierno. Una y otra vez, los ministros hacen afirmaciones sin ningún sustento, sin ningún estudio, solo movidos por prejuicios y por un latente fanatismo ideológico.

Las declaraciones y decisiones de Petro y su gobierno no son solo polémicas sino muy preocupantes. Muchas afectan de manera muy negativa la democracia, al estado de derecho, la separación de poderes y el bienestar de la población. Gravísima es la afirmación de hace un par de días, en el Catatumbo. Petro dijo que “los campesinos podrán seguir sembrando coca mientras que prueban con cultivos sustitutos”.

La deriva de la política exterior con Petro es sumamente preocupante. 

Álvaro Leyva dijo que le “complacía informar que tras 100 días de gestión” el 40 % de los embajadores provenían de la carrera diplomática.

Reconozco que mi posición es minoritaria. Anhelo la paz con todo mi corazón. Pero a estas alturas, tras tres décadas y media de diálogo con los grupos armados ilegales, no estoy de acuerdo con las negociaciones con los violentos y estoy convencido de que no conducen a la paz. En una sociedad democrática y civilizada lo que corresponde, lo que se debe hacer, lo justo, es aplicar el estado de derecho y el imperio de la ley a quienes la violan.