Una cámara alta conformada por senadores y una baja por representantes a la cámara, conforman el flamante sistema por el cual los intereses de millones de ciudadanos se encuentran cuidadosamente representados en sus honorables padres de la patria.

Sin embargo, debo decir que a mi juicio la madurez y experiencia de más de dos siglos de historia poco se ha visto reflejada en algunas de las actuaciones y decisiones tomadas últimamente por el parlamento colombiano; es que resulta difícil entender, como a pesar de que sus miembros son elegidos por el voto popular con la esperanza de que sean quienes defiendan los derechos legales y constitucionales de todos los colombianos, 80 de sus miembros en una turba de aplastantes mayorías se dieran a la tarea de recolectar los votos necesarios para darle la reelección a un Procurador General, que como máxima autoridad del Ministerio Público se supone debe representar a todos los ciudadanos ante el Estado, pero que en muchas ocasiones ha tomado posturas ultra conservadoras poniendo en peligro por ejemplo, el derecho de las mujeres al aborto en los tres casos que lo permite la ley, y el reconocimiento cómo sujetos de derecho a los miembros de la comunidad Lgbti; exponiendo así al país, a que una entidad encabezada por un funcionario de este talante no sea capaz de “procurar” el cumplimiento cabal de los derechos para cada una de las poblaciones.

Por otra parte, también considero poco justa la posición que muchos congresistas han tomado frente al trámite del proyecto de reforma tributaria, que en mi concepto como la había titulado en una columna anterior la considero “la reforma de la desigualdad”, por su vocación pendenciera para con la clase baja y media colombiana, y que servirá solamente para acentuar la brecha social entre ricos y pobres de nuestro país; no obstante, mucho más grave es que en el primer debate surtido en torno a la reforma, los menos necesitados del país fueran los favorecidos, pensionados con más de nueve millones de pesos mensuales a quienes un artículo pretendía gravar con un minúsculo impuesto para subsidiar la política social, fue eliminado a pupitrazo limpio por la mayoría de nuestros honorables que en un acto de total injusticia social evitaron que excongresistas y exempleados del Estado que son los únicos que cuentan con esas pensiones, contribuyeran en algo a mitigar la deuda social que tiene el Estado con los más pobres de Colombia.     

Estas, sumadas a algunas otras censurables travesuras como la conciliación de la reforma a la justicia en la cual pretendieron darse gabelas como congresistas, y el ausentismo recurrente de los legisladores en las sesiones que ha llegado a la desfachatez de que un representante a la Cámara no asista a 10 de 14 plenarias convocadas; definitivamente restan credibilidad y confianza hacia la institución insigne de la democracia de nuestro país.

Pero no perdamos la esperanza, mejor hagamos votos para que en pocos años llegue el momento en el que las aplastantes mayorías tomen el ejemplo de los pocos congresistas que hoy lo están haciendo bien, para que todos juntos en un haz de voluntades, cumplan con la gloriosa encomienda de hacer retumbar en el templo de la democracia la única y soberana voz del pueblo colombiano.