Ojalá este último no le caiga mal a muchos, ya que hoy en día ir a un servicio de urgencias en cualquier hospital o clínica se ha convertido en un verdadero viacrucis a propósito de la semana mayor. Pues bien, pensando en eso decidí echarle un vistazo al proyecto de ley que pretende reformar la salud, y hablar con algunos amigos versados en el tema para analizarla, concluyendo con prontitud que esta reforma poco o nada será saludable para los verdaderos problemas que padece el sistema. Esto pensando en los usuarios, esos que tienen que esperar largas horas cuando enferman para ser atendidos por un médico general quien finalmente le receta el famoso Acetaminofén, o los que tienen que esperar hasta meses una cita médica con un especialista o la realización de alguna cirugía, o en todos los que han tenido que escuchar que el medicamento o el procedimiento formulado no está en el POS, etc.

Los argumentos que sustentan lo dicho son muy precisos. En primer lugar la reforma pretende “recuperar para el estado el control del dinero de la salud”, así como “entregar toda la responsabilidad del manejo de la salud publica a las entidades territoriales”, dos pretensiones que considero bastante alocadas, cuando analizamos que la única EPS del Estado como lo es Caprecom, es la que más dinero debe a hospitales y clínicas, teniendo incluso a muchas en riesgo de cierre definitivo por falta de flujo de caja, lo que pone en entredicho que el estado garantice la eficiencia en el manejo de estos recursos. Así mismo, el hecho de que la designación de gerentes de hospitales públicos pueda efectuarse a dedo por los mandatarios locales, podría generar en muchas regiones de Colombia menos garantías sobre el perfil de quienes deban liderar estas empresas del Estado, dejándolas expuestas a la politiquería, algo que por lo menos ahora no viene ocurriendo dados los concursos de meritos que por ley deben realizarse para hacer dichos nombramientos.

Por otra parte, analizando la falta de oportunidad (demoras en la prestación de los servicios de salud), se podría decir que nada mejorará, dado que la falta de especialistas o incluso de médicos generales, es producto no tanto de que no hayan recursos con que pagarles, sino que en el país no se están produciendo los profesionales de la salud suficientes para atender a la población; tan evidente es que en una capital como Ibagué, los médicos de muchas especialidades se pueden contar con los dedos de una mano e incluso en otras no existe ninguno y hay que esperar más de un mes para ser atendido. La sorpresa es que la reforma no tiene ni una línea que pretenda mejorar este problema estructural.  

Por último el hecho de que se elimine el POS, no significa que se acaben las exclusiones; al contrario, ahora todos por igual quedaremos expuestos a todo un listado de ellas que sin duda alguna evitará que todos los colombianos podamos acceder a los medicamentos, procedimientos y servicios en forma adecuada, oportuna y suficiente.

No obstante, como se volvió costumbre en este país, ningún argumento tendrá más peso que la poderosa aplanadora de la unidad nacional que aprueba leyes sin mayor esfuerzo, máxime hoy en día que avanza con mayores bríos por el camino de la reelección.