Los valiosos esfuerzos de unos pocos que entendieron los graves perjuicios que puede causar ese brutal festín en las montañas de Cajamarca, a mi juicio lucen pírricos frente al señorío dado a las transnacionales por parte del Gobierno nacional, que, en una actitud inconsciente, irresponsable y absolutamente ofensiva, sigue sobreponiendo el supuesto “desarrollo”, por encima de la imperiosa necesidad de salvaguardar los recursos hídricos, el establecimiento social y la paz en los territorios.

Esto quedó más que demostrado con la reciente expedición del decreto 934 de 2013 por parte del Ministerio de Minas y Energía, que de un solo zarpazo prohibió a los concejos municipales y las asambleas departamentales establecer zonas del territorio excluidas de la minería, y reservó ese derecho única y exclusivamente al Ministerio de Ambiente y las corporaciones autónomas regionales. Aunque en honor a la verdad no conozco ningún proyecto de acuerdo, ni ordenanza, que se hubiera aprobado para contener el avance de la minería en el Tolima y, así, proteger por lo menos las zonas de mayor importancia a nivel hídrico y de producción agrícola, ahora sí que es cierto que se bloqueó definitivamente esa posibilidad, a pesar de que muchos que nunca propusieron proyectos al respecto se rasguen las vestiduras y hagan show en contra del pendenciero decreto.

Lo preocupante es que cada día quedan menos armas con las que luchar en contra de la ejecución de proyectos mineros insostenibles y perjudiciales para la calidad de vida de los tolimenses y colombianos; los territorios ahora quedaron más anulados que nunca para tomar decisiones sobre su propio suelo y subsuelo, ya que en nada pueden intervenir en la adjudicación de títulos mineros, ni en el otorgamiento de licencias ambientales y, ahora, ni siquiera en la exclusión de zonas, lo que convierte en amo y señor de la minería al Gobierno nacional y deja como sumisos lacayos a departamentos y municipios. Algo sumamente alarmante, como lo son las tantas posturas exageradamente centralistas que ha adoptado el presidente Santos, las cuales prefiero no describir por no salirme del tema, pero que considero que en algún momento podrían resultar siendo la causa de una grave crisis institucional en el país.

No obstante la lucha no puede parar aquí. El propósito de defender el agua, la vida y la soberanía de nuestro pueblo debe unirnos para hacer frente al andamiaje legal que impulsa con fuerza desmedida la locomotora minera en nuestro territorio; debemos exigir posiciones firmes a la dirigencia política tolimense, para que represente con vehemencia nuestros intereses; apelar al probado buen juicio de la autoridad ambiental en el Tolima, y, sin lugar a dudas, alentar la urgente y necesaria consulta popular, que en caso de efectuarse y dar los resultados esperados se convertiría en una dulce reivindicación de los derechos que a punta de decretos pretende quitarnos el Gobierno nacional.