Entre los muchos problemas que afrontan los empleadores colombianos está el del abuso del derecho en materia de ausentismo por incapacidades médicas.
A un trabajador dependiente colombiano le basta ir al médico de su EPS para obtener una incapacidad para laborar, lo cual termina sirviendo de base para adquirir un fuero de salud que simplemente lo atornilla a su empleo, todo ello con la anuencia de los jueces de tutela que sin mayor prueba terminan concediendo protecciones que muchas veces son verdaderos montajes.
La cosa es bien sencilla: vaya a un médico y cuéntele una historia de dolor y éste, para curarse en salud, le recetará un acetaminofén y le dará dos días de incapacidad, no más que dos, pues les está, en principio, vedado otorgar más, pues el excedente debe cancelarlo la EPS y ya queda dada la patente de corso para el paso siguiente, que es el de anunciar su condición de salud y obtener el fuero jurisprudencial de no poder ser despedido sin la existencia de una justa causa, debidamente comprobada y sin el permiso otorgado por el Ministerio del Trabajo, en un trámite burocrático que puede demorarse más de seis meses y que en muchísimos casos lo niegan.
Pruebas de la condición real de salud, ninguna; basta la simple afirmación del paciente para que el médico le crea y así, sin mayores comprobaciones otorgue la incapacidad respectiva.
Según la Ministra del Trabajo, en el año 2016 se dieron 26 millones de días de incapacidad, cifra que para el año 2018 aumentó a 28 millones, muchísimas de las cuales se dan al inicio, al final de la semana, antes o después de puentes o cuando hay un partido de fútbol interesante.
Además, la incapacidad médica es para trabajar no para viajar a la costa, ni para jugar un partido de fútbol, o para demostrar las habilidades danzarinas del afectado en las fiestas del barrio.
No se descarta que en algunos casos las personas pueden estar enfermas de verdad; desafortunadamente quienes hacen mal uso de este recurso son muchas más y eso es lo que desacredita el sistema.
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