Aún está fresca en la memoria de los colombianos la lánguida imagen del fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett, presentando excusas públicas al exdiputado Sigifredo López y su familia por la injusta detención y el escarnio público a que fue sometido, tras ser acusado de coautor del homicidio de 11 de sus compañeros de bancada de la Asamblea de Valle del Cauca.
Oso descomunal el de Montealegre, víctima del engaño de los integrantes de la “fábrica nacional de testigos” como se denominó mediáticamente el club delincuencial creado desde las cárceles del país, con fines perversos y económicos.
Es necesario recordar tan protuberante error en del ente investigador por dar credibilidad a unos testigos de dudosa reputación y reconocida intencionalidad, porque de nuevo la Fiscalía General de la Nación a través de su segundo en mando, el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, anunció con bombos y platillos el inicio de una nueva causa criminal muy similar en el Tolima (Planadas) teniendo como soporte probatorio las declaraciones de un reconocido bandido que tiene como costumbre faltar a la verdad y negociar su testimonio.
Raúl Agudelo Marín, conocido con el alias de ‘Olivo Saldaña’, ha sido noticia desde su captura, no solo por la falsa desmovilización de una columna de las Farc, sino también por haber mentido de manera reiterada en los estrados judiciales.
Este es, según la Fiscalía, la fuente probatoria principal para haber allanado todo un barrio en el municipio y haber iniciado indagación preliminar contra varios servidores públicos del Departamento.
Es necesario advertir que este bandido es el mismo que vendió su testimonio para aceptar que él -“obedeciendo órdenes de sus comandantes de las Farc”- había ordenado y ejecutado el homicidio del abogado y veedor ciudadano Félix Eduardo Martínez Ramírez, declaración que fue incorporada a la investigación que se adelantaba por el crimen y sirvió de prueba decisoria para precluir y archivar esa causa criminal.
Y pocos meses después, sin inmutarse, cuando ya había sido utilizada su declaración para favorecer a quienes estaban respondiendo por el homicidio de Martínez, se retractó ante la Fiscalía de la Unidad de Justicia y Paz en Bogotá y dijo que nunca había aceptado que él directamente o las Farc hayan sido sus autores. Que todo había sido un invento de un medio periodístico del Tolima.
Pero este delincuente no solo aparece ahora como “testigo estrella” de la fiscalía, sino además es su consentido y protegido. Porque formulada la denuncia penal en su contra por falso testimonio, demostrado con su declaración escrita ante un fiscal seccional de Ibagué (En la que acepta haber ordenado a milicianos ejecutar el homicidio) y aportado el video de su declaración ante el fiscal de Justicia y Paz de Bogotá (Donde niega haberlo aceptado) esta permanece engavetada en la fiscalía 27 seccional de Ibagué desde el 23 de abril de 2009 (Radicado 2013 - 0126), sin una sola sílaba o palabra de actuación judicial.
Más de seis años de inercia funcional, cuando las dos pruebas aportadas y en poder del fiscal de conocimiento -el testimonio escrito y la versión juramentada en video- demuestran la existencia del delito, dejan mucho que pensar del rol que en la actualidad cumple la Fiscalía, tanto por la selectividad que motiva su actuación, como por la pasividad extrema que asume cuando otros intereses la guían.
Claro, hay que entender que cómo se puede solicitar imputación por falso testimonio a un sujeto que el mismísimo Vicefiscal de la Nación está utilizando como testigo en otras investigaciones. Máximo, si se trata de un “testigo estrella”.
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