Anunció el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, que presentará al Concejo un proyecto de Acuerdo que aumenta en un punto el valor de la sobretasa ambiental (del 1.5 al 2.5 por mil) que se paga cada año de acuerdo con el valor fijado como avalúo catastral de los inmuebles municipales. Recursos que recaudará el Municipio y transferirá a Cortolima, destinados a “reforestar las cuencas y el cauce de los afluentes hídricos y fortalecer el manejo de aguas residuales”, según dijo el Alcalde a los medios de comunicación.
Este mismo aumento fue aprobado por el Concejo de Ibagué en 2001 (Acuerdo 073) y se recaudó durante tres años, de 2002 a 2004. En esta época el incremento del tributo también fue manejado por Cortolima y estuvo destinado a mitigar el daño ambiental en los cerros noroccidentales.
Aún retumba el eco de las denuncias por malos manejos administrativos y financieros de más de siete mil millones de pesos, que en ese entonces administró e invirtió esta misma corporación, para la época dirigida por el conservador Édgar Antonio Bonilla.
Castigar a los ibaguereños con un aumento del tributo anual cercano a los seis mil millones de pesos, cuando las condiciones sociales y económicas son de las más críticas de los últimos años, para acrecentar el presupuesto de inversión anual de una entidad cuestionada por la mala administración de sus recursos y el evidente manejo politiquero que se le imprime, es no solo descabellado sino, además, insensible.
Basta leer el último informe de evaluación y valoración de la Contraloría General de la República (CGR) de diciembre de 2014, para entender cómo la corporación no solo hace mal manejo de sus recursos, sino que incumple constantemente sus funciones misionales.
Dijo la Contraloría: “Tres de las direccciones territoriales presentan bajo porcentaje de evaluación y seguimiento a concesiones de aguas. Este no llega al 10% de cumplimiento. Lo anterior, debido a la gestión deficiente en la ejecución de las labores misionales, lo que genera riesgo de daños ambientales, disminución de los ingresos por tarifas de seguimiento e incumplimiento de sus deberes legales”.
Respecto a la contratación, dice el ente de control fiscal: “En la vigencia 2013 celebró 127 contratos de cooperación por valor de seis mil 357 millones de pesos. No se observó la estructuración y ejecución de proyectos propios, lo cual evidencia deficiencias en la planeación y ejecución del plan de acción, situación que afecta el cumplimiento de las metas y una marcada dependencia de la iniciativa de terceros”.
Fueron 29 hallazgos fiscales y disciplinarios que encontró la CGR en Cortolima, lo que conllevó a que se oficiara a la Procuraduría General de la Nación y la misma CGR para que se investigara la actuación de su actual director y demás funcionarios implicados.
¿Así pretende el Alcalde poner a los ibaguereños a pagar más dinero por impuestos para dárselos a este ente despilfarrador?
No quiero creer que se estén pagando favores políticos de campaña.
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