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Estoy convencido que la alcaldía de Ibagué quedó en las mejores manos. Sin embargo, esta fundada apreciación no me impide advertir que se equivoca Guillermo Alfonso Jaramillo al querer continuar haciendo política electoral, distrayendo su atención de lo que debe hacer: gobernar.
Llevar a los ibaguereños a una consulta popular – mediante Acuerdo o recolección de firmas – contra la minería y la industria destructora de las fuentes hídricas, es politiquería y demagogia.
Politiquería, porque detrás del impulso de este acto de participación popular está escondida la intención de aglutinar y direccionar masas electorales, tras justos y legítimos ideales, que usufructuarán líderes bien seleccionados que aparecerán en un par de años en las listas al congreso colombiano.
Una estrategia que le ha funcionado a Petro y al mismo Jaramillo, cuando desde la gobernación del Tolima (2001 al 2003) hizo elegir a Hugo Ernesto Zarrate como Representante a la Cámara.
Y es demagogia, porque si el propósito es defender el agua y el medio ambiente, como Alcalde tiene los instrumentos jurídicos y políticos para hacerlo.
Comparto que las multinacionales mineras deben ser desterradas por el pueblo colombiano. Pero mientras eso sucede, hay que acabar con la minería criolla y los constructores inmobiliarios que han destruido y contaminado los ríos, quebradas y nacimientos acuíferos de las cuencas del río Combeima y el río Chipalo que abastecen de agua a los habitantes de Ibagué.
Hechos dañinos realizados con coautoría y complicidad de la oficina de Planeación Municipal de Ibagué, el Ibal, alcaldes, las curadurías urbanas y Cortolima.
A los asesinos del agua no los han parado las tutelas, las acciones populares, las denuncias penales o las quejas disciplinarias. Nada ni nadie. Son asesinos en serie.
El Alcalde Jaramillo pasará a la historia solo exigiendo y haciendo cumplir la Normativa de Usos del Suelo y el Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué, las leyes 9 de 1989, 3 de 1991, 99 de 1993 y 357 y 388 de 1997 y los decretos nacionales 1729 de 2002 y 1480 de 2007.
Y aprovechando su elección como integrante del nuevo Consejo Directivo de Cortolima, para que este elefante blanco y politiquero, haga cumplir esas mismas leyes y sus propios estudios y decisiones.
Los constructores destruyeron y se apropiaron del Parque Centenario, la Cueva del Frayle, humedales, acuíferos superficiales, escorrentías naturales, las zonas protectoras y rondas hídricas de las quebradas Las Panelas, La Arenosa, Ambalá y La Balsa pertenecientes a la subcuenca del río Chipalo (15 mil 466 hectáreas).
Para no hablar del estado actual y el desperdicio de recursos en la Cuenca del río Combeima (27 mil hectáreas) girados por el Gobierno nacional a raíz del Conpes 3570 de febrero de 2009.
Lo urgente es arreglar la casa y detener este desastre. Y que quienes aspiran al congreso, que busquen otras formas de atrapar incautos.
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