Sobre el escritorio de uno de sus subalternos de la Unidad Anticorrupción, esperando un guiño, reposa una decisión de fondo adoptada teniendo como soporte un completo informe rendido por tres grupos interdisciplinarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) que estudiaron y analizaron de manera independiente los procesos de prepliegos y pliegos, adjudicación y celebración contractual y ejecución y liquidación del contrato de consultoría número 237 de 2013, celebrado entre el Instituto Municipal para el Deporte y 

Recreación de Ibagué (Imdri) y la empresa española Typsa S.A.El contrato, cuyo objeto fue “realizar los  estudios y diseños para la construcción, adecuación  y/o remodelación de los escenarios del Parque Deportivo y de las Instalaciones de la Unidad Deportiva de la calle 42 con carrera Quinta en Ibagué para los XX Juegos Deportivos  Nacionales y IV Paranacionales 2015”, tuvo un valor cercano a los 11 mil 500 millones de pesos.

La experticia demuestra serias y delicadas irregularidades contractuales que fueron dirigidas a lesionar el patrimonio público y favorecer a personas plenamente determinadas, que también aparecen de nuevo vinculadas a los procesos contractuales de remodelación y construcción de obras nuevas en el Parque Deportivo, La Unidad Deportiva Piscinas Olímpicas y el estadio Manuel Murillo Toro.

A estos elementos materiales de prueba se suma la colaboración en el esclarecimiento de los hechos delictuales que viene haciendo un ex servidor público municipal, que tuvo conocimiento y participación directa en el entuerto más grande cometido contra los ibaguereños.

El procedimiento de análisis y estudio al contrato Typsa, es realizado también por los mismos tres grupos del CTI a los contratos celebrados con la Unión Temporal Parque Deportivo 2015, consorcio Unidad Deportiva 2015 y Unión Temporal Manuel Murillo Toro.

Resulta evidente que en todos los procesos estuvieron presentes y decidiendo el abogado Orlando Arciniegas Lagos, el alcalde de Ibagué Luis Hernando Rodríguez y el gerente del Imdri, Carlos Heberto Angel, así como una cuarta persona cuyo nombre está en absoluta reserva.

Montealegre estará como Fiscal General hasta el 29 de marzo del presente año, es decir un poco más de dos semanas, y es un hecho que sin desconocer la autonomía e independencia de los fiscales, la trascendente decisión de solicitar a un juez de Control de Garantías órdenes de captura y formulación de imputación a quienes se consideran con responsabilidad en los hechos criminales, debe consultársele, dada la calidad de los implicados y trascendencia que ha adquirido el tema a nivel nacional.

Fuentes de la misma Fiscalía afirman que también se estudia la posibilidad de que el Consejo Superior de la Judicatura comisione un juez desde Bogotá para que asuma en Ibagué la competencia de la etapa de juzgamiento que tendrán estos procesos, para evitar la congestión, demoras e influencias que puedan incidir en los resultados de las causas penales.

Al menos cuatro personas están debidamente individualizadas y determinadas como posibles responsables del detrimento patrimonial al Estado, y se afirma  que seran éstas las primeras capturas con fines de formulación de imputación que sobrevendrán en cualquier momento.

¡Ave, Eduardo!