Ante la Procuraduría Regional del Tolima fue presentada el pasado lunes (28 de marzo) queja disciplinaria contra 18 de los 19 concejales de Ibagué (a excepción de Martha Ruiz) que eligieron y posesionaron a Julian Andrés Prada como personero municipal a partir del 1 de marzo del presente año.
La solicitud escrita de investigación y sanción se soporta en la posible actitud dolosa que se le atribuye a los concejales, al elegir a Prada con “pleno conocimiento de la inhabilidad en que estaba incurso” para ocupar este cargo en la ciudad.
Infiere el quejoso, que en las sesiones previas y en la de la elección, se hicieron menciones públicas por los mismos concejales de la inhabilidad que afectaba la elección de Prada y que al unísono replicaban los medios de comunicación local y regional.
Para demostrar el conocimiento previo de la inhabilidad por los electores y su intención dolosa, el quejoso transcribe literalmente apartes de las intervenciones de varios concejales expresadas en el recinto y que hacen parte del registro oficial de las sesiones de trámite y de elección, aporta registros periodísticos previos a la elección y solicita llamar a declarar al abogado Wilson Leal Echeverry, quien advirtió públicamente y con anteriodidad al trámite electoral sobre la inhabilidad.
Igualmente se pide a la Procuraduría Regional no aplique a la investigación el trámite ordinario disciplinario, sino que se adopte el proceso verbal, porque considera el quejoso que la falta está tipificada como gravísima y dada la trascendencia de la investigación es necesario que ésta se haga de manera pública y con un procedimiento abreviado como el solicitado.
La queja ante el ente disciplinario adquiere trascendencia e importancia por varias razones.
Porque al momento de admitirse la demanda administrativa al acto de elección del personero de Ibagué, el Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima consideró necesario decretar la suspensión provisional del servidor público en funciones, mientras se adopta una decisión de fondo. Hecho que por sí mismo da visos de vocación probatoria y visos de certeza jurídica a la alegada inhabilidad.
Situación que en igual sentido ocurrió con la demanda ante el mismo tribunal por la elección del contralor, Ramiro Sánchez, y que conforme me lo refirió la fuente conllevará a una queja similar contra los 16 concejales (a excepción de Martha Ruiz, Luis Alberto Lozano y Pedro Mora) que votaron para su elección y posesión, la cual sería presentada en los próximos días.
Además, porque quienes preteden castigarle la actuación a los concejales no están pensando esperar a que sobrevenga el fallo disciplinario, sino que anuncian sendas demandas de pérdida de investidura por cada elección y posesión de los funcionarios.
Es decir, una verdadera tormenta judicial se viene encima de los cabildantes ibaguereños, excepción hecha de la concejal Martha Cecilia Ruiz, quien no respaldó con su voto a ninguno de los elegidos.
Una excelente oportunidad tienen quienes prevalidos de ser “eminentes juristas” están facultados para defender su tésis asumiendo su propia defensa.
¡Habrá que esperar!
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