El próximo jueves, 1 de diciembre, iniciará sesiones ordinarias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh). Aunque tarde, por la carencia de recursos económicos, la Cidh se reunirá en Panamá fuera de su sede convencional en Washington, gracias al apoyo de algunos Estados -incluido el anfitrión- que aportaron recursos para que tan importante órgano jurisdiccional del Sistema Americano no feneciera.
No escasean los Estados que quieren y pretenden acabar con la Comisión y la Corte Interamericana, par integrante del Sistema Americano de Derechos Humanos. Las dos se complementan y han tenido como misión trascendente hacer efectiva y real la carta de derechos aprobada en San José de Costa Rica en noviembre de 1969, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948.
Estos dos institutos han sido instrumento importante para hacer valer y obtener sanción y reparación por parte de las víctimas del abuso del poder o la inactividad de los Estados, permitiendo la violación de normas sustantivas de derechos, protectoras o benefactoras de personas o colectivos humanos.
Aunque es cuestionable el papel que como órgano político ha jugado la Organización de Estados Americanos en nuestro continente, dado el influjo dominante que sobre los demás Estados ejerce Estados Unidos, nadie puede desconocer que por el contrario el Sistema Americano de Derechos Humanos es la joya de mostrar en defensa de los más débiles no solo ordenando sanción y reparación, sino en su rol de prevención, promoción y educación en derechos del hombre.
En el contexto histórico de la violencia en Colombia son innumerables los casos que se han logrado esclarecer y sancionar cuando han participado agentes o servidores públicos del Estado o cuando la parcialidad o inactividad de la justicia ha conllevado a que se caiga en la impunidad.
Para las comunidades amerindias, el Sistema Interamericano ha sido un órgano jurisdiccional importante en el rescate de sus derechos y la recuperación de sus territorios ancestrales coloniales y republicanos, y que les fueron arrebatados cuando fue ordenada la disolución de los resguardos, quedando los iletrados y empobrecidos a merced de los negociantes y usurpadores de la tierra que mediante la violencia, el engaño y la estafa lograron desterrarlos desplazándolos hacia las ciudades o el arrendamiento de su mano de obra.
Y qué no decir de la libertad de expresión y opinión, labor en la que tanto la Comisión como la Corte vienen imponiendo el sano criterio de la despenalización (delitos de injuria y calumnia) para que en su lugar, quienes siendo personajes públicos crean que han sido menoscabados su honor, honra o buen nombre, acudan a la jurisdicción civil como vía de resarcimiento de los mismos.
Aunque la OEA exhibe políticamente una fragilidad evidente, debemos luchar y propender para que el Sistema Americano siga funcionando y conservando esa independencia necesaria para defender nuestros derechos.
Es un propósito que ineludiblemente requiere de recursos y quienes los tienen han empezado a negarlos, por la alergia que han provocado sus fallos.
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