Significa un sonoro campanazo de alerta que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado hayan decidido no participar más en el trámite de la reforma a la Justicia que, a punta de fuerza y sin buenas razones, impone el Gobierno. En palabras de la Corte, el proyecto “no resuelve el problema ciudadano que reclama justicia”, “atenta contra la estructura del Estado democrático (...), al concentrar el Poder Público en las ramas Ejecutiva y Legislativa”, “resquebraja la independencia y autonomía judicial”, “desconoce que la función jurisdiccional debe estar (…) en cabeza de los jueces”, introduce de manera “repentina y sorpresiva” el fuero militar y “sustrae del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia la investigación y juzgamiento” de los congresistas y de los otros altos dignatarios del Estado, todo lo cual contradice la separación de los poderes (http://bit.ly/ueTC7x).

Si bien la reforma no atiende las necesidades del país, sí concentra más el poder en el Presidente de la República, concentración que se agrava porque en Colombia la separación entre el poder Ejecutivo y el Legislativo constituye una ficción, dado que la norma es que el látigo burocrático del jefe del Estado someta a senadores y representantes, al igual que a gobernadores y alcaldes y diputados y concejales. “En Colombia manda -decía un veterano congresista- el partido del presupuesto”, verdad que Uribe no puede olvidar porque no se lo permite Santos, quien, para estos efectos, también superó a su mentor.

Si a algo se ha dedicado Santos es a fortalecer aun más su poder, como bien lo prueban sus leyes de regalías y televisión y sus tentativas contra la autonomía de las corporaciones regionales. Tampoco es casual que haya creado el Departamento para la Prosperidad Social -qué tal el nombrecito-, que unió bajo el control de la Presidencia el formidable poder clientelista que manejan Acción Social y el Instituto de Bienestar Familiar. Sólo le resta someter de una vez por todas a la Justicia, labor en la que dio el retardatario paso de la ley de la sostenibilidad fiscal.

La reforma a la Justicia elimina, por completo, el papel que hoy tienen las altas Cortes en la elección del Procurador, el Registrador y el Contralor, por cuanto en los dos primeros casos la terna será elaborada por el Jefe del Estado y elegirá el Congreso en pleno y, en el tercero, ternará el Senado y escogerá la Cámara. Y viene de antes que el Presidente arme la terna de la que sale el Fiscal General de la Nación.

El Gobierno, además, con el Ministro de Justicia en la Sala de Gobierno del Consejo de la Judicatura, se entrometerá en los asuntos de la Rama, tales como definir sobre la existencia de juzgados y tribunales, la actuación de jueces y magistrados, la administración de la carrera judicial y la aprobación del presupuesto del poder judicial. También se le otorga a la Sala Disciplinaria del mismo Consejo, elegida por el Congreso de terna del Jefe del Estado, el derecho a juzgar la actuación de los jueces, que así quedan bajo la férula del Ejecutivo.

Con un criterio que no puede aceptar ni un estudiante de primer año de derecho, la reforma entrega a autoridades de rango inferior la potestad de enjuiciar a los congresistas. También impulsa la “privatización y administrativización de la Justicia”, dice la Corte, cuando les entrega a notarios y abogados la función de impartir justicia, que debe ser reservada para los jueces de la República con experiencia para ejercer esa compleja labor. Y eleva a rango constitucional el cobro del arancel judicial, paso formal en contra de la justicia como derecho ciudadano.

También debilita el poder judicial y fortalece a Santos el artículo que establece que, “en todo caso”, no serán de la órbita de la justicia ordinaria, sino de la militar y policial, “las operaciones y procedimientos” en los que miembros de la fuerza pública violen la ley. ¿Qué razón aceptable -no para Santos ni para su gran elector, por supuesto- justifica darles un trato jurídico especial a hechos como los llamados ‘falsos positivos’?

Coletilla: sin explicaciones satisfactorias ni de Telefónica y ni del gobierno, se aprobó capitalizar a Coltel con 3.5 billones de pesos de recursos públicos, para que esa trasnacional haga lo que se comprometió a hacer hace cinco años, cuando se le entregó barato el patrimonio de Telecom. ¿Por qué el gerente de Telecom saltó a Telefónica-Colombia y un ejecutivo internacional de Telefónica pasó a ser ministro de Comunicaciones?