Sin lugar a dudas el país está ad portas de vivir un momento histórico debido a la decisión del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de retomar el control en el manejo y disposición de las basuras para el Distrito.

Y es que es un tema histórico por dos razones: uno, porque puede que tenga razón en recuperar para el patrimonio público un negocio que se calcula en 360 mil millones de pesos al año y hacer más inversiones, mejorar el servicio y elevar la calidad de vida en la capital. 

Dos, porque por el contrario puede ser un fracaso total y volver a los viejos esquemas de burocracia, clientelismo, politiquería e ineficiencia pública una vez la gente se sindicalice, se vuelva de planta y de carrera, se acostumbre a trabajar hora nalga, y quiera hacer lo que se les plazca y no lo que requiere la visión de las administraciones en sus políticas y planes de desarrollo por los cuales votaron los ciudadanos.

Además, Petro ha dicho que solo quiere cumplir el mandato de la Corte Constitucional en su sentencia 724 de 2003 y el auto 268, que obliga al Distrito a tomar acciones efectivas para que los recicladores tengan participación en el jugoso negocio y no solo las seis firmar privadas. Lo cual no merece ninguna discusión. 

El pero es que efectivamente con la cantidad de recicladores que hay, con las asociaciones existentes, esté es construyendo una base política electoral para sus aspiraciones presidenciales futuras, abriéndole el camino al movimiento Progresistas para tener una lista fuerte al Congreso (que podría encabezar nuestro paisano Guillermo Alfonso Jaramillo, y luego ser candidato a la Alcaldía de Bogotá, cuando Petro se lance a la Presidencia de la República).

En juego también está el que se ponga a tambalear una empresa que se ha sostenido bien que mal con un servicio público a ocho millones de personas, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, metiéndola en un entuerto que no conozca, arriesgando su negocio principal, generándole algún tipo de desequilibrio financiero o distracciones con una responsabilidad nueva que la haga descuidar sus funciones esenciales. Porque es esta empresa y no la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) la que tendrá la responsabilidad de prestar el servicio.

De todo ha pasado con este tema; por ejemplo, la vocera de las empresas prestadoras que irían hasta el 18 de diciembre próximo, Ivón Aristizábal, ha denunciado juego sucio para enlodar la imagen pública de los operadores actuales asegurando que los carros lanzan y estrellan bolsas contra separadores viales y dejan basura desparramada para crear mala impresión a la ciudadanía.

El Distrito también ha dicho lo suyo al asegurar que se tienen identificados mil puntos donde no se recogen las basuras y por lo menos 117 lugares críticos en el servicio de aseo, por parte de los operadores.     

El gran interrogante a diez días de este cambio histórico que marcara un derrotero para todo el país, es cuál va hacer el montaje de la recolección, cómo funcionará, con qué aparatos y con cuál personal, para no crear un caso épico y que degenere hasta en situaciones de salubridad en plena capital del país. 

Aquí en nuestra tierrita nos enteramos ayer gracias a EL NUEVO DÍA que se abre un debate para replantear el negocio de las basuras, la exclusividad del prestador y la disposición en el relleno sanitario La Miel, que ahora puede ser regional. Vamos a ver hasta donde llega la pita de esto y que tanto se moverá en público y en privado el tema. No quiero ser pesimista si no más bien extremadamente realista. Aquí no va a pasar lo de Bogotá, no habrá rupturas tendenciales, ni grandes giros sobre el tema y la materia, los actores involucrados en el tema son prenda de garantía de ello.