Está haciendo carrera en nuestro país y en algunos países de la región, así como en organismos multilaterales, el hecho de defender los derechos humanos y la libertad de información y opinión de manera selectiva.

Es decir, dependiendo de si el régimen es de izquierda, de derecha, de centro o de una nación amiga o afín –o por la que tengo un marcado interés estratégico para mi política interna-, me pronuncio o no lo hago, frente al atropello contra los ciudadanos.

El caso de Venezuela es el más reciente y patético de dicho comportamiento. Para mirar las cosas desde nuestro patio, vale decir que es un insulto a quienes están siendo agredidos, maltratados, irrespetados, asesinados en ese país, el comunicado lacónico y casi a escondidas que produjo el presidente colombiano, Juan Manuel Santos y su siempre parsimoniosa Canciller, María Ángela Holguín.

Cero en condenar las violaciones a los derechos de los ciudadanos, de los estudiantes, de los empresarios ni mucho menos hacia los periodistas y medios de comunicación. Pero no fue el único. El candidato Enrique Peñalosa, de la Alianza Verde, sacó el jopo y en una especie de “importaculismo” dijo que ese era un asunto interno de ese país.

Clara López, la candidata del Polo, hizo lo mismo que Aida Abella, no respondieron con contundencia sobre la situación. Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, le echó la culpa a Santos como si fuera el presidente de Venezuela, la única que decentemente atinó a rechazar tal tipo de atropellos fue Martha Lucía Ramírez del partido Conservador.

Ni que decir, de nuestros candidatos al Congreso, excepto por el senador Juan Mario Laserna, quien pidió que cesara tal represión hacia esos ciudadanos. El Congreso colombiano en cabeza del liberal Juan Cristo, se enmudeció; nuestro paisano el siempre locuaz, Jorge Robledo, se hizo el que no era con él; los varones electorales del conservatismo, escondidos; el partido de La U, con el siempre camaleónico Roys a la cabeza, desaparecido. Cambio Radical y Germán Vargas Lleras, en lo de ellos, chupando rueda y no confrontando para después dar el zarpazo.

Pero bueno, muchos siguieron tal vez el ejemplo de la ONU, la OEA, la Unasur, el Alba, la Alianza del Pacífico, la Celac y hasta la muy nombrada por estos días Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hasta el momento de escribir estas líneas permanecían mudos o tataretos al referirse a las violaciones de los derechos civiles en Venezuela por parte del gobierno de Maduro.

¡No! Si es que las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, el coartar la libre expresión y la posibilidad de pensar distinto o no estar de acuerdo, no tienen color político.

Atentar contra ellos es un acto de barbarie que degrada al ser humano y atentan contra la democracia, que por más imperfecta que sea, es lo más cercano a poder disfrutar de la vida en sociedad que nos inventamos. No sabe uno si pensar que son más bárbaros los que están cometiendo esas canalladas en Venezuela, o si lo son quienes se quedan callados ante esos abusos.