Tortura pública

Uno piensa que el gobierno debe cuidar a sus ciudadanos. Es su obligación por mandato de la Constitución, porque a ellos les debe su existencia.

Esto quiere decir que debe protegerlos, darles medios para su subsistencia, posibilidades para su educación, facilidades para adquirir un techo y permitirles todos los trámites que se hagan necesarios para que las relaciones con él sean lo más fluidas y transparentes posible.

Todo esto en un estado moderno, consciente de su responsabilidad como administrador de la sociedad y, en conjunto, de su desarrollo y bienestar.

Sin embargo, el Gobierno colombiano demuestra todo lo contrario. Casi ninguna de las anteriores obligaciones las cumple con el debido rigor y diligencia.

Y menos en lo que tiene que ver con la expedición de documentos de identificación, por ejemplo la cédula de ciudadanía, las tarjetas profesionales y hasta los pases de conducción.

Uno no imagina que alguien pueda concebir que todos los ciudadanos aptos deban cambiar en un tiempo límite el documento que los autoriza para manejar vehículos y así tapar las improvisaciones de años anteriores que posibilitaron la coexistencia de varios modelos de pases de conducción y, por consiguiente, el caos y la dicha de los avivatos y la feria de los corruptos.

El afán de la unificación llevó a la improvisación que, sin embargo, el Gobierno no reconoce. Los ciudadanos son siempre los culpables de que las cosas no funcionen.

¿Por qué no pensaron esos genios en hacer un cambio gradual hasta completar la unificación del documento? A medida que cada ciudadano necesitara cambiar su documento se le entregaría el nuevo y definitivo diseño, con las seguridades y las condiciones que son normales para estos documentos.

Pero no. Lo deberían cambiar todos en un tiempo establecido, insuficiente, con el desgaste de los ciudadanos y las trabas burocráticas de los organismos encargados, más deseosos de multar y castigar que de facilitar la legalidad de los ciudadanos.

¿Por qué ordenaron una plataforma ineficiente, una precaria capacidad para la avalancha de solicitudes, un jugoso negocio de certificados médicos y un cobro ilegal de un trámite que, según la ley, debe ser gratuito?

No se sabe. Los genios resolvieron torturar a los ciudadanos con una tramitología que obliga a ingentes colas de espera por un turno, al plante por horas y horas frente a los consultorios autorizados para los exámenes obligatorios y a una pérdida de tiempo que nunca será cuantificada, pero que supone una detrimento irreparable.

Pero como este es un Estado que basa su solidez con el castigo, ya veremos a las autoridades pendientes de quiénes incumplan la tenencia del documento actualizado para multarlos, para castigarlos, para retenerles el vehículo y presentarlo, en últimas, como el peor delincuente de los alrededores. Qué tortura.

Credito
BENHUR SÁNCHEZ SUÁREZ

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