Esta reforma constitucional viene a sumarse a algo así como a 30 reformas efectivamente logradas a la Constitución que se han tramitado ‘articulito por articulito’ y a no menos de 100 proyectos de actos legislativos que no lograron llegar a ‘feliz término’, en los casi 23 años que lleva de promulgada la constitución de 1991.

Todo lo anterior ha producido en nuestro ordenamiento, una ‘colcha de retazos’ que le ha hecho perder coherencia y organicidad a la Constitución Nacional y lo más grave aún, todos estos cambios se han hecho de espalda al constituyente primario, el pueblo, que siente cada vez menos suya y más lejana la trama constitucional de sus instituciones políticas.

En contradicción evidente con las lecciones de cívica que solíamos recibir bajo la tutela de las tesis de Montesquieu, en las que el poder legislativo hace las leyes, el poder ejecutivo las desarrolla, administra y lleva a la práctica y el poder judicial las protege, hoy por hoy tenemos un poder legislativo que perdió iniciativa legislativa, un poder ejecutivo que mide sus ejecutorias en proporción al número de leyes y actos legislativos que tramitó y un poder judicial, que con sus sentencias, está coadministrando.

Sin duda es necesario volver a garantizar que las ramas del poder público recuperen su naturaleza original y con ello no se está tanto equilibrando el poder público como si reorganizando lo que a fuerza de cambios fragmentarios han generado un galimatías institucional.

Pero el verdadero equilibrio de poderes que es urgente restablecer, es aquel que apunta a devolverle al constituyente primario, el pueblo, su facultad, responsabilidad y consciencia en lo que hace relación a construir los pilares de su institucionalidad política.

A fuerza de reformas constitucionales, vía actos legislativos y a través de los poderes constituidos del Congreso y de los gobiernos de turnos, con perspectivas fragmentarias y de corto plazo, el constituyente primario, el pueblo, se ha visto enajenado de una facultad a la que nunca debe renunciar, ni delegar.

Es menester que aquellos sectores que han transitado dentro de los canales institucionales de la vida política colombiana, construyan un rápido acuerdo de cómo devolverle al pueblo el poder constituyente que le ha sido enajenado, para que no sean grupos al margen de la ley los que terminen promoviendo esa iniciativa y agitando esa bandera, como lo hace hoy las Farc en el marco de los diálogos de paz.

Una Democracia segura, productiva, justa, incluyente, sostenible, soberana e institucional, se construye sólidamente sí y solo si, el protagonismo del constituyente primario es real y efectivo. Lo demás es corraleja constitucional.